EL GOBIERNO DEL PP CONTRA LO PÚBLICO. EL CASO DE LA EDUCACIÓN

La excusa de la crisis está sirviendo al Gobierno del Partido Popular para embarcar al país en una "hoja de ruta" marcada por la disminución del gasto público-social, la privatización de empresas y la cada vez mayor desigualdad entre los grandes capitales, mimados por la fiscalidad, y las rentas del trabajo, penalizadas por el grueso de la aportación tributaria. Presentan sus medidas como el resultado inevitable de la "insostenibilidad" de los gastos asociados al mantenimiento del Estado del Bienestar para invitar, en momentos de crisis, a la resignación de la ciudadanía, desde la arrogante pretensión de ser los únicos que dicen saber "lo que hay que hacer".
En esta línea hay que enmarcar el anuncio del pasado 8 de Abril, mediante una simple nota de prensa y sin una comparecencia pública del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de un recorte adicional al de los Presupuestos de 2012 en Sanidad y Educación por valor de 10.000 millones de euros, 7.000 millones en Sanidad y 3.000 millones en Educación, incumpliendo, dicho sea de paso, otra de las promesas del período electoral: la de no tocar el gasto social.
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, concretó el pasado 16 de Abril en la Conferencia Sectorial de los consejeros de Educación, apoyado por los consejeros conservadores del Partido Popular y de Convergencia i Unió, el alcance del ajuste fiscal en Educación en seis medidas: aumentar del 10% al un 20% el límite legal de alumnos por aula (es decir, incrementar el máximo de estudiantes por unidad de 27 a 30 en primaria y de 33 a 36 en secundaria), no cubrir las bajas del profesorado de menos de dos semanas, imponer un mínimo de 25 horas lectivas, es decir, de docencia directa, en Primaria y 20 en Secundaria (ahora es un máximo de 25 en Primaria y 21 en Secundaria, aunque en la práctica el límite en Secundaria se sitúa en 18), aplazar el cambio previsto de los ciclos formativos de FP, congelar o reducir los complementos salariales y dar la posibilidad a los centros de bachillerato de ofrecer solo ciencias o letras. Dos días después, en la Conferencia General de Política Universitaria, el ministro Wert anunció un aumento de las tasas universitarias a pagar por estudiante del 16% al 25%, con una elevación progresiva de las penalizaciones a los repetidores que podría alcanzar el 100% del coste de una plaza, lo que, en números redondos, significa un desembolso medio de 540 euros más por estudiante y año. El Consejo de Ministros del 20 de Abril convirtió este paquete de medidas en un decreto-ley.
Este ajuste se suma al tijeretazo educativo de 3.400 millones de euros realizado por comunidades autónomas como Cataluña, Madrid, Castilla la Mancha, Galicia, Murcia o la Comunidad Valenciana, todas bajo gobierno conservador, que ha supuesto en los dos últimos años la reducción de los presupuestos para el funcionamiento de los centros, el aumento del horario lectivo del profesorado y la consiguiente disminución de las plantillas de profesorado interino, la mengua salarial implícita en el recorte de los complementos profesionales y en la eliminación del pago vacacional a los interinos, la congelación de las oposiciones, es decir, de la posibilidad de crear empleo público, y el incremento de la ratio de alumnado por aula, lo que dificulta la atención personalizada en la impartición de las diferentes asignaturas y las tutorías. En definitiva, los feudos autonómicos del Partido Popular han jugado el papel de "laboratorios" donde se ha ensayado la viabilidad de la política de saqueo a la educación pública, que contrasta abiertamente con la cesión de suelo público para la construcción de centros privados.
¿Cómo puede sostenerse tamaño desaguisado después de que el presupuesto educativo se haya visto amputado en un 21,2% en los Presupuestos Generales del Estado en 2012, una cifra superior a la media del 16,9% para el resto de los ministerios?
Las medidas del ministro José Ignacio Wert pretenden extender al conjunto del país un sistema de educación pública que supone el hacinamiento en las aulas, la sobrecarga horaria para el profesorado, que bloquea aún más la contratación de miles de profesionales, imposibilita los desdobles de asignaturas en las que el excesivo desnivel académico puede suponer un handicap para el aprendizaje del alumnado (Lengua, Matemáticas, Idiomas...) y obliga a los docentes a impartir asignaturas que nada tienen que ver con sus especialidades. Implica, además, el freno a la contratación de profesorado sustituto, la merma de los salarios por la vía de los complementos ligados a la carrera profesional y el retraso en la implantación de los módulos de FP de 2.000 horas, que se aplazan al curso 2014-2015. Y todo ésto en una coyuntura en que el alumnado ha aumentado en los últimos dos cursos en 320.000 estudiantes en Primaria y Secundaria y 200.000 en las universidades, un 6,6%. En la Educación Superior, la subida de las las tasas universitarias sin aumentar las becas penaliza de forma grotesca a los hijos de las supone también que los hijos de las familias con menos recursos.
Nada tiene que ver la aplicación de la guillotina a la educación pública con la crisis sino con los intereses inmorales de los "mercados" en el desmantelamiento de los servicios públicos del Estado para cobrar su deuda pública y con la intención implícita de convertir la educación pública, cuyos profesionales han pasado un proceso de selección, en subsidiaria de una educación privada en la que la admisión del alumnado se realiza con criterios económicos ajenos a la igualdad de oportunidades.
La educación pública es la que debe vertebrar el sistema educativo. Es una inversión de futuro y una fuente de empleo básicas que repercute en el conjunto de la economía para asegurar un desarrollo humano y sostenible.

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