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Cultura en Argentina (XXI): Siniestra consagración de la impunidad

Carlos O. Antognazzi

Argentina



El vencimiento de las causas de corrupción por una modificación en los tiempos de prescripción de delitos es una grosería. Similar a la de no extraditar a Astiz a Francia, la de injerir sibilinamente ante el gobierno de Aznar para evitar las extradiciones solicitadas por el juez Garzón, o la de no ser capaces de juzgar aquí a los culpables por delitos de lesa humanidad. Si los crímenes son tolerados, amparados y hasta en ocasiones estimulados por el poder político, ¿puede alguien pensar seriamente que Argentina mejorará si no se sientan las bases elementales para garantizar la equidad?

Cultura en Argentina (XXI):

Siniestra consagración de la impunidad

El vencimiento de las causas de corrupción por una modificación en los tiempos de prescripción de delitos es una grosería. Similar a la de no extraditar a Astiz a Francia, la de injerir sibilinamente ante el gobierno de Aznar para evitar las extradiciones solicitadas por el juez Garzón, o la de no ser capaces de juzgar aquí a los culpables por delitos de lesa humanidad. Si los crímenes son tolerados, amparados y hasta en ocasiones estimulados por el poder político, ¿puede alguien pensar seriamente que Argentina mejorará si no se sientan las bases elementales para garantizar la equidad?

TV nacional y cristiana

En un programa televisivo relativamente nuevo (de esos que proliferan en el verano como si el público fuera algo más estúpido que en otras estaciones), «Coincidencias», se puede observar cómo los participantes, entre varias posibilidades, eligen en general la más chanta. La picardía criolla los impulsa en esas elecciones que no sólo el sentido común, sino también la decencia, impediría afrontar, por ejemplo, a algún europeo. Y no sólo se trata de la elección, sino además de su justificación con gestos, sonrisas y palabras a tono. La elocuencia de estas decisiones, acompañada también por las votaciones del público que asiste al programa, hace pensar que nuestra idiosincrasia es incorregible.

En las elecciones abundan corrupciones varias, desde robos a mentiras que claramente afectan o a la presunta empresa que los ha contratado o a la persona que han elegido como pareja. Nada ni nadie queda afuera de la vorágine de caradurismo que todos asumen con sonrisa cómplice, comenzando por el conductor del programa (que podría ser exceptuado, ya que cumple un trabajo). Resulta obvio que quienes participan son parte de una maquinaria que los sobrepasa, pero a la que también ellos mismos alimentan. Se ha llegado al extremo de que cuando algún participante vota en disidencia (léase: éticamente, beneficiando la causa común y no la propia) queda relegado por la mayoría de votos de los demás y pierde el juego. Es decir que el sistema conlleva además una trasgresión pedagógica, pues “orienta” a los jugadores: cuanto más caradura y corrupto se sea, mejor puntaje se obtendrá.

Si bien es cierto que un programa televisivo no puede servir como ejemplo científico (menos en estas pampas), sí permite un acercamiento al ideario colectivo. Que, además, se enriquece con otros aportes tanto o más elocuentes: el incendio de República Cromagnon, por ejemplo, o la votación sin debate de una ley que puede dejar libres de culpa y cargo a connotados corruptos. «Lo atamo con alambre» confesaba Ignacio Copani hace pocos años.

Yo no aprendo, tú no aprendes, él...

Lo que enerva no es que a diputados y senadores se les haya ocurrido establecer tiempos para que la justicia actúe como corresponde, hecho que en sí es promisorio (recordemos que la jueza Servini de Cubría hace 14 años que arrastra la causa de los guardapolvos de Bauzá), sino que ninguno haya apreciado los alcances de la ley en su totalidad. Una ley no es, en general, algo puntual y exclusivo, sino un manto que se expande y que puede tener, como en este caso, derivaciones contrarias al derecho. Ni qué decir lo que ocasiona en una sociedad sensibilizada por la corrupción en todas las esferas. El problema no es entonces la ley, sino la falta de debate que la confirmó sin evaluación. Ni diputados ni senadores la leyeron o, si lo hicieron, nadie la pensó como correspondía. No fueron consultados los jueces; sólo se consultó a los asesores, que por lo pronto deberían rever su papel.

Joaquín Morales Solá hizo una pregunta sugestiva: «¿Se puede convertir en bueno a un mal médico sólo con la magia de apurar sus decisiones?» (Entre lerdos y apresurados. La Nación, 09/02/05, tapa). En la práctica, esta ley constituye un nuevo «punto final», lógico y necesario, pero imprudente por el contexto en que surge. Argentina no es Europa. En el mismo artículo Morales Solá menciona «la baja calidad intelectual de algunos jueces», poniendo el dedo en la llaga: si la justicia lenta no es justicia, los jueces malos tampoco pueden impartir una buena justicia. Ya no sólo porque demoren excesivamente las causas, sino porque no están capacitados para el cargo que ocupan.

Sorpresivamente, el 10/02/05 Horacio Rosatti, ministro de Justicia de la Nación, aseguró que la polémica ley «no fue secreta», y que hace «dos años que se planteaba». Pero como nadie la discutió, ahora el Gobierno procura enmendar el desquicio: borroneamos con el codo lo que algunos delinearon con la mano y todos, sin excepción, votaron desde la voluntaria ignorancia. ¿Puede ser creíble nuestro país para las empresas extranjeras que desean afincarse? Con estas marchas y contramarchas sólo seguimos hundiéndonos en nuestra miseria de república bananera. Ahora no hay periodistas en la mira del Presidente. Ergo, Kirchner defiende la ley y procura impulsar otra ley «para dificultar la prescripción de los delitos que se cometan en el futuro».

Rosatti afirmó que se investigarán aquellas causas en donde por imperio de esta ley los acusados queden libres. Es absurdo, porque quedarían libres por estricto cumplimiento de la (nueva) ley. Como respuesta elocuente, al día siguiente de esta afirmación (11/02/05) La Nación informaba en tapa que se habían beneficiado 31 procesados por el caso del Banco Nación sucursal Villa Gesell. El mecanismo comenzaba a moverse, y la burla estaba echada. ¿Investigará el Gobierno este desenlace anunciado? ¿Hasta dónde es lícito hacerlo, si está amparado por la ley? ¿Acaso el Gobierno piensa castigar a los jueces que cumplan con la ley? Un día más tarde, según informó La Nación del 13/02/05, p. 10, hubo 6 prescripciones más correspondientes a imputados del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires.

Existe, también, otro motivo de preocupación. Rosatti hizo sus declaraciones sin haberse reunido con Kirchner. Al Presidente le bastaron dos horas de charla con Juan Carlos Blumberg y algunos pocos ministros para decidir implementar los parches. ¿No podía haberse dado cuenta antes de promulgarla? Si bien es cierto, como hace notar Rosatti, que la ley «tiene autores plurales, hubo un consenso evidente y eso no es un dato menor», no es menos cierto que la costumbre de no consultar produce estragos, y que esos estragos de una u otra forma terminan siendo adeudados por la sociedad. Así el secreto con que Kirchner y sus íntimos se manejó hasta que estalló el escándalo con los chinos.

Chapuceros al garete

Raúl Castells salió a pedir que se quemen las urnas del referéndum solicitado por Aníbal Ibarra. La medida es más propia de Quebracho y sus huestes exaltadas que de alguien que dice luchar por la sociedad, pero es, al mismo tiempo, una radiografía del tipo de personalidades que hay entre los piqueteros. Al fin de cuentas Castells se ha erigido, y no sólo por propia voluntad, en un referente del movimiento. Si los pueblos tienen los gobiernos que se les parecen, los piqueteros tienen los líderes que se les parecen.

Esta (in) conducta cívica muestra nuestro perfil real: la chapucería como Razón de Estado. En lugar de pensar y diseñar una normativa consensuada y ajustada a nuestra realidad, damos manotazos de ahogado y emparchamos. Un parche arriba de otro, como esas calles que se repavimentan una y otra vez hasta que el cordón de la vereda queda hundido. En la película El castigador (The punisher, 2004), el protagonista enfrenta a los jueces en las escalinatas del palacio de justicia, y les critica que su familia «fue asesinada hace dos meses y los culpables aún están libres». Más allá del aspecto esquemático que Hollywood suele ostentar, especialmente cuando se trata de trasladar a la pantalla un comic, el planteo no deja de ser interesante: la justicia, para ser tal, requiere de ciertos tiempos. En la película el héroe casi anónimo se encargará de hacer cumplir la ley con mano propia, y nace así el mito del “castigador”, tan cercano ideológicamente a Castells y Fernando Esteche. Sería loable que a ese papel lo ejerza la justicia, que para eso cobra sus altísimos sueldos.

En el primer párrafo de Memoria de mis putas tristes (Sudamericana, 2004) García Márquez hace notar que la ética es lábil, azarosa, acomodable a las circunstancias en lugar de ser una cuestión de principios: «También la moral es un asunto de tiempo, decía, con una sonrisa maligna, ya lo verás». Daría la impresión de que Argentina sucumbe a esa moral meliflua, en donde un día las cosas son de un modo y al día siguiente no. Es por este concepto elástico de la moral que se considera lícito incumplir la ley “por única vez”, como hice notar en un artículo anterior (Seguimos sin aprender la lección. Castellanos, 11/02/05. El Santotomesino, febrero de 2005).

La “naturalidad” con que se tuercen los conceptos lleva a un bárbaro como Julio Bárbaro, interventor del Comfer, a sostener que es misión del Estado apoyar pecuniariamente a los canales y frecuencias que dan pérdida, aunque sean privados (cfr. El manejo de la TV por cable es poder. La Nación, Enfoques, 06/02/05. Entrevista de Susana Reinoso). Lejos de ruborizarse, Bárbaro “argumenta” que «Si a América el Estado no le tira limosna, el canal se cae», para criticar incongruentemente en otro momento de la entrevista que «en la Argentina hemos eliminado la competencia». Para Bárbaro el Estado se reduce a ser mecenas de empresas privadas. ¿Qué queda entonces para las estatales?

La impunidad de los delitos se equipara con la de algunos funcionarios. No puede sorprendernos entonces que quienes deben elaborar y analizar las leyes no lo hagan y permitan por negligencia, ignorancia o algo peor, que la barbarie se erija en norma y modelo de una sociedad inmoral.

© Carlos O. Antognazzi.
Escritor.

Publicado en el diario “Castellanos” (Rafaela, Santa Fe, República Argentina) el 25/02/2005. Copyright: Carlos O. Antognazzi, 2005.

Este artículo tiene © del autor.

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