Cuando el Estado delega responsabilidad

En toda sociedad organizada hay derechos y deberes que los ciudadanos deben cumplir en beneficio del bien común. Las esferas de acción están bien determinadas. Si al Estado le compete garantizar la educación, la salud y la seguridad de los habitantes del país, a éstos le compete acatar las leyes y, en el caso de la Argentina, elegir periódicamente a sus representantes. Sumados estos deberes conforman el 100 %. Es decir que cuando una de las partes deja de tener competencia en uno de esos deberes, lo que está haciendo es restringir su porcentaje y, simultáneamente, incrementar el porcentaje de la otra parte. Así, cuando el Estado deja de actuar en la educación, son los ciudadanos los que se ven obligados a atenderla.

En uno de los primeros artículos de esta serie, La riesgosa ausencia del Estado (El Santotomesino Nº 69, febrero de 2004), hacía notar el perjuicio que un Estado autista provoca en la población (y, obviamente, a sí mismo, ya que el Estado somos nosotros). El año transcurrido desde entonces no ha cambiado el panorama. Al contrario, puede haberse agravado.

Críticas de afuera

El Presidente Kirchner tiene una peculiar sensibilidad para con las críticas extranjeras. Pueden decir lo mismo que se dice dentro del país, pero basta que quien las hace sea extranjero para que se encrespe. Así el caso del canciller chileno Ignacio Walker; los señalamientos del gobierno estadounidense contra la triple frontera argentino-paraguaya-brasileña; el malestar de los bonistas italianos (culpables de ingenuidad, en última instancia, pues fueron engañados por los bancos, que revendieron los bonos para “compartir el riesgo”; de allí que los tribunales italianos estén fallando en contra de la banca italiana); el malestar chino por el desmanejo del acuerdo; las desinteligencias con Cuba; las críticas de diarios europeos por el silencio oficial ante el desastre de República Cromagnon; la advertencia de Estados Unidos a sus ciudadanos para que extremen cuidados si viajan a la Argentina; el editorial del 06/03/05 de El País, de Montevideo, sobre las palabras de Kirchner al periodismo y la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa).

Se trata de realidades que todo el mundo conoce, pero que por motivos de conveniencia o connivencia el Gobierno elige enojarse. Si la crítica es desde adentro, en general no pesa ni importa. Pero si es de afuera, es una afrenta. Este cambio de paradigma es una argucia política que puede haber impactado en un primer momento, pero que con la insistencia esquemática se vuelve un acto miserable e hipócrita. Si el Papa envía sus condolencias a los familiares de las víctimas de República Cromagnon, no es correcto, justo ni ético que Kirchner salga a hablar pestes del periodismo argentino. El silencio existió, el periodismo no inventó los cuatro días en que Kirchner siguió de vacaciones, y la rápida respuesta de los mandatarios extranjeros sólo hicieron más evidente el autismo gubernamental, convencido hasta último momento de que el problema sólo era de Aníbal Ibarra.

Pareciera que algo falla en la Presidencia, porque la estrategia del avestruz esgrimida por Kirchner daña a sus propios acólitos, que muchas veces no saben qué responder por el misterio y el silencio que acompañan al Presidente a todas partes. Por último, el gesto de expulsar funcionarios adjudicándoles responsabilidades cuando es el Presidente quien ordena actuar de determinada forma refuerza la idea de que todo gira alrededor de una única persona, cuya inestabilidad emocional la tornan incierta, cuando no directamente riesgosa (cfr. Prolongada adolescencia del Sr. Presidente. Castellanos, 17/12/04).

La violencia

Cuando «una alta fuente oficial» declara, refiriéndose a Quebracho y el destrozo del auto conducido por Fabián Morello, con riesgo de la vida de sus acupantes, que «el Gobierno no puede controlar a este grupo porque no mantiene ningún diálogo con él» (sic. La Nación, 18/02/05, tapa), no hace más que justificar la ira de la población. Morello fue ayudado por ciudadanos que se enervaron ante la agresión de un grupo de piqueteros, cuyo previsible final podría haber sido mucho peor.

Siete meses antes de ese fatídico 16/02/05 ocurrió el destrozo de la legislatura porteña (16/07/04), por el cual Kirchner expulsó al ministro de Justicia, Gustavo Béliz, y al secretario de Seguridad, Norberto Quantín. ¿Cambió algo en materia de seguridad con estas expulsiones? En principio podría decirse que sí, porque el Gobierno anunció un plan disuasorio durante los futuros piquetes (saturación de policías, vallados, trabajo de inteligencia, filmaciones), siempre con un ánimo dialoguista que hasta ahora pocos jefes piqueteros han aceptado.

Pero profundizando se comprende que no cambió todo lo que debería haber cambiado. El ataque a Morello y su familia tuvo lugar porque no se habían implementado las medidas de seguridad. Un funcionario reconoció que «la marcha no estaba anunciada. Se constituyó de golpe, cuando salieron los manifestantes del subte. Por eso no estuvo el operativo habitual de seguimiento» (sic. La Nación, 18/02/05, p. 06). Este ignoto funcionario (es una lástima que el diario no consigne su nombre) atribuye la responsabilidad de lo ocurrido a los piqueteros, por no haber anunciado que harían lo que harían. Un escapismo similar ensayó Carlos Reutemann cuando, con la inundación de Santa Fe, dijo «a mí nadie me avisó». Pilatos debe estar restregándose las manos una vez más, feliz con sus continuadores.

Sólo dos policías en moto acompañaron la marcha piquetera. Cabe preguntarse qué papel cumple la SIDE que, de paso, está en manos de dos amigos del Presidente, Héctor Icazuriaga y Francisco Larcher («Señor Cinco» y «Señor Ocho», respectivamente, en la jerga interna). ¿No supo la SIDE que los piqueteros invadirían nuevamente las calles? ¿No hubo inteligencia previa? ¿Kirchner buscó responsables? El desparpajo con que el Gobierno minimizó lo ocurrido es atribuible a la idiotez o el caradurismo, pues mientras admite fallas en el operativo insiste en que se mantendrá “la política de contención”. El secretario de Seguridad Interior, Alberto Iribarne, explicó que «la política del Gobierno es no criminalizar la protesta social. Cuando hay hechos delictivos, los investiga la Justicia. Y así sucederá en este caso». ¿También investigará la justicia porqué el Gobierno no implementó las medidas de seguridad y porqué la SIDE no avisó de la marcha?

Un desertor por allí

La característica de estas situaciones es la deserción del Estado de su competencia específica. En 2002 el gobierno de Estados Unidos le comunicó a un funcionario argentino que Ezeiza era «incontrolable», y que estaban evaluando prohibir los vuelos entre Buenos Aires y Estados Unidos por el tema de la droga. La DEA fue más precisa, y en 2004 mencionó a la empresa Southern Winds como la responsable del trasbordo de estupefacientes. En el Gobierno argentino miraron para otro lado, hasta que el diario La Nación publicó sobre las valijas a mediados de febrero. Recién entonces Kirchner reaccionó. Pero lo hizo tarde, una vez más.

Hay responsables tanto en SW como en el gobierno. Mal que le pese al Presidente, que en forma histérica y con un discurso de barricada procuró “despegarse” de la empresa, ésta tiene capitales argentinos, pues el Gobierno la estuvo subsidiando con ocho millones de pesos mensuales desde un comienzo. Nadie que paga ese monto puede aducir que no tiene algo que ver con la empresa beneficiada. Y el que procura “despegarse” es porque previamente ha estado “pegado”, como se hizo notar en el editorial del diario Castellanos del 25/02/05. El lenguaje es lo suficientemente concreto como para subrayar estos lapsus luminosos.

Los scaners de ambas reparticiones ignoraron las valijas con similar descuido. Estas coincidencias hacen pensar en maquinaciones a tono con la mafia. ¿Puede el Gobierno descansar tranquilo con este tipo de controles? Si en lugar de droga es una bomba, el avión de LAPA o República Cromagnon sólo serían juegos de artificio. ¿Dónde está el Gobierno? A medida que las investigaciones avanzan las cifras de la ineptitud son más escalofriantes: Ezeiza no controla 30.000 valijas diarias (La Nación, 21/02/05, tapa). Los “controles” son en forma aleatoria por carecer de un sistema automático. Este problema de la falta de elementos apropiados ha llevado a que en 2004, cuando se implementaron dos modernos radares de detección tridimensional en la triple frontera, la Fuerza Aérea Argentina detectó 140 vuelos clandestinos sólo durante el mes de julio (La Nación, 18/02/05, p. 05). Antes de Cabezas, Alfredo Yabrán salía y entraba del país sin ser detectado. ¿Cuántos más surcan los cielos sin que el Estado se entere?

El Gobierno elige ignorar una sabia premisa: el ojo del amo engorda al ganado. Lo más extraño es que hace meses la SIDE informó sobre lo que ocurría con SW, pero esos informes quedaron “frenados” en algún cajón. ¿Puede confiar el Presidente en funcionarios que le ocultan información? ¿Se trata de un teléfono descompuesto? Durante diez días el Gobierno negó saber del tema, pero el 24/02 Aníbal Fernández reconoció que lo sabían desde octubre. No obstante, durante cinco meses el Gobierno siguió subsidiando a SW. Si dejó de hacerlo no fue por convencimiento de que es inmoral, además de delictivo, subsidiar oficialmente a quien distribuye drogas, sino por el estruendo mediático y temor ante el Gobierno estadounidense.

El escándalo comenzó a opacar otros escándalos, como el de Ibarra y República Cromagnon. Rodaron cabezas, también: Pampuro avaló el accionar de la aeronáutica y acto seguido fue relevada la plana mayor. Una vez más el Gobierno calculó mal el apoyo. Una vez más, se deduce que hay un serio nivel de desinformación y desinteligencia en el Estado. Cabe preguntarse si esto ocurre por inexperiencia o complicidad. Cabe preguntarse, también, cuándo rodarán las cabezas de los verdaderos culpables.

© Carlos O. Antognazzi.
Escritor.

Publicado en el diario “Castellanos” (Rafaela, Santa Fe, República Argentina) el 11/03/2005, y en el periódico “El Santotomesino” (Santo Tomé, Santa Fe, Argentina), de marzo de 2005. Copyright: Carlos O. Antognazzi, 2005.