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Cultura en Argentina (XXIX): Lo inoportuno también es delito

Carlos O. Antognazzi

Argentina



Si todo procesado va a la cárcel no alcanzarían las ya superpobladas cárceles argentinas. Si durante el juicio el procesado resulta inocente, al Estado no le alcanzaría el tesoro nacional para afrontar los juicios. Es lógico el planteo de la doctora Carmen Argibay cuando sostiene que los procesados, salvo excepciones, no deberían estar presos. Pero la lógica, expurgada del contexto, no siempre es justa. Argentina no es Finlandia, y nuestra razón parkinsoniana no supone un largo proceso de maduración sino un ritmo emocional, según la ocasión. Vivimos sumidos y regidos por la lógica del instante, y éste, a su vez, responde al buen o mal humor de algún funcionario. Lejos de la equidad y aún cerca de los diez años de califato, la justicia argentina deberá recorrer un largo camino para volver a ser creíble.

Cultura en Argentina (XXIX):

Lo inoportuno también es delito

Si todo procesado va a la cárcel no alcanzarían las ya superpobladas cárceles argentinas. Si durante el juicio el procesado resulta inocente, al Estado no le alcanzaría el tesoro nacional para afrontar los juicios. Es lógico el planteo de la doctora Carmen Argibay cuando sostiene que los procesados, salvo excepciones, no deberían estar presos. Pero la lógica, expurgada del contexto, no siempre es justa. Argentina no es Finlandia, y nuestra razón parkinsoniana no supone un largo proceso de maduración sino un ritmo emocional, según la ocasión. Vivimos sumidos y regidos por la lógica del instante, y éste, a su vez, responde al buen o mal humor de algún funcionario. Lejos de la equidad y aún cerca de los diez años de califato, la justicia argentina deberá recorrer un largo camino para volver a ser creíble.

Los libres de hoy

Es probable que la liberación de María Julia Alsogaray y de Omar Chabán sea correcta. Jurídicamente, no han causado delito hasta que un juicio demuestre lo contrario. El juicio aún debe realizarse. La presunción de culpabilidad no equivale a la condena. Y, como decía en el párrafo anterior, ningún Estado, y menos el empobrecido Estado nacional, podría hacer frente a los juicios que se presentarían por haber tenido encerrado durante años a alguien inocente. Este es el argumento más firme contra la pena de muerte: siempre queda la íntima sospecha de que el acusado puede no ser culpable. Si se lo condena a muerte, entonces, y la sentencia se cumple, nunca se podrá luego retroceder y dejarlo en libertad. Es el planteo, propagandístico pero bien realizado, de la película La vida de David Gale, de Alan Parker.

La imagen venida a menos de la justicia tiene que ver con que la gran mayoría de los casos terminan difuminándose sin llegar a sentencia. Por eso la modificación en los tiempos de prescripción de delitos que permitió, por añadidura, el vencimiento de una serie de causas (cfr. Siniestra consagración de la impunidad. Castellanos, 25/02/05), fue implementada para que la justicia se atuviera a tiempos lógicos y resolviera los casos. Pero lo que surgió como una herramienta válida se convirtió en un arma de doble filo. La excarcelación de Chabán y Alsogaray, ahora, refuerza esta tesitura de que la justicia argentina no es justa ni equitativa. En el capítulo anterior (La justicia tarda, ¿pero llega? Castellanos, 20/05/05) hacia referencia a esta situación ambigua y en buena medida tendenciosa, que es compartida por el poder judicial, la ciudadanía y los gobernantes, porque no hay un único culpable.

Falta de consenso

La justicia argentina deberá demostrar lo que asegura con el lenguaje forense. Esto es: que actúa en todos los casos con la misma ética jurídica, que lo hace equitativamente y que lo hace en bien de la comunidad y no de algún personaje importante o alguna causa resonante. Luego de su progresiva devaluación a los ojos de la ciudadanía sólo resta un lento y riguroso proceso de reinserción, y la única manera de hacerlo es atenerse al derecho y actuar con madurez, independientemente de los avatares emocionales de la ciudadanía y los funcionarios del Gobierno. El distanciamiento, contra lo que puede creerse, es necesario en el poder judicial. En los países serios prácticamente nadie conoce a los jueces del Tribunal Supremo; sí se conocen, en todo caso, sus fallos. Pero la Corte actúa por su cuenta y riesgo, prescindiendo del Gobierno de turno, de sus intereses y de la publicidad mediática que sólo consigue confundir los roles y juzgar antes que se expidan los jueces.

Siendo Presidente, Carlos Menem construyó una corte adicta, con una mayoría automática que avaló todo desvarío emanado del Gobierno. Siendo Gobernador, Carlos Reutemann construyó, a su vez, una corte afín, que al parecer está avalando los delitos que se le atribuyen por la inundación de 2003, entre otras cosas. Kirchner modificó el modelo, e instauró una nueva forma de designar a los jueces de la Corte Suprema, que se funda en la transparencia y la responsabilidad cívica para denunciar a los jueces propuestos. El mecanismo es muy superior a la dedocracia selectiva de Menem y Reutemann, pero no es suficiente.

Cuando desde el Gobierno se pide que se apele el fallo judicial que liberó a Omar Chabán resulta evidente que se está presionando a la justicia. El Gobierno aclaró que el requerimiento se hacía «preservando la absoluta independencia de los poderes», cosa que es incorrecta. La petición se realizó al procurador general de la Nación, Esteban Righi, para que instruyera a los fiscales para que se apele la excarcelación. Curiosamente el Gobierno argumenta que esta petición se realiza ante «la necesidad de salvaguardar el pleno ejercicio de la acción pública en el proceso» (cfr. La Nación, 14/05/05, p. 25). El Gobierno no puede interferir en la justicia. Lo que hace aquí es salir a apoyar el clamor de la ciudadanía ante una excarcelación que lesiona a los familiares de las víctimas. Pero si deseamos ser un país serio hay que comenzar a pensar con la cabeza y no con los intestinos.

Es probable que la justicia determine cosas que choquen y resulten intolerables para la ciudadanía, pero que al mismo tiempo sean justas. Actuar de la forma contraria supone que la justicia es aleatoria, de acuerdo al clamor popular y no a lo que determina el derecho. Esto es retrotraernos a la edad de piedra, en donde la razón pertenecía al más fuerte y no al más justo. Pero, al mismo tiempo, es lícito que la ciudadanía sospeche de ciertas excarcelaciones como las de Alsogaray y Chabán, porque lo que se le ha inculcado durante años es que hay dos raseros, uno para los poderosos y otro para los que carecen de poder e influencias. Es lícito que se sospeche que Alsogaray fue liberada en una suerte de toma y daca para que no siguiera hablando sobre los sobresueldos, porque en el gobierno de Kirchner hay connotados funcionarios menemistas que pueden haber sido favorecidos por esos dinerillos.

Cuando no existen las reglas o condicionamientos todo puede hacerse, construirse desde cero. Es la efervescencia que vive el artista. Cuando lo que impera es el caos y la doble moral, también. No es lo ideal, pero es lo que hay. Lo que se necesita para articular una cultura de la justicia es consenso. Un acuerdo de la ciudadanía que vuelva a otorgarle credibilidad a la justicia, pero al mismo tiempo una justicia que respete la dignidad de su jerarquía y actúa como se espera: para todos igual, con ecuanimidad, y fundamentalmente con el aplomo necesario para que las sentencias y las excarcelaciones no surjan teñidas por la sospecha, tantas veces cierta, de que hay fraude.

Una sociedad enferma

La ciudadanía argentina está enferma de hipocresía, desazón, hastío e inmadurez. Y así como la ciudadanía, los gobernantes. La responsabilidad política del Gobierno es no intervenir. Para eso están los jueces, que son especialistas y además cobran por ello. Para eso se menciona siempre que una república consiste, entre otras cosas, en la división de poderes. Un poder no puede inmiscuirse con otro; cada uno es soberano en su campo específico de acción. La responsabilidad de la ciudadanía es la de acatar las leyes. Si éstas no funcionan o no son satisfactorias, deben ser modificadas. Pero hasta entonces el contrato social debe ser sagrado. Debe haber consenso entre las partes para que ese contrato sea respetado. Lo contrario supone que por clamor popular un Gobierno tuerce el accionar de la justicia en forma demagógica. Ya lanzados a la batalla por las elecciones de octubre, los políticos no miden sus palabras ni sus actos si vislumbran que pueden obtener algún voto más. Pero en esta orgía de poder se cae en contradicciones increíbles.

Kirchner impulsó a los doctores Carmen Argibay y Eugenio Zaffaroni, reconocidos garantistas, para que integren la Corte Suprema. Actuando según este principio, Chabán es excarcelado. Entonces Kirchner presiona a la Corte para que lo vuelva a encarcelar. Se trata de una maniobra demagógica, a la que se sumó Aníbal Ibarra. Cuando el desastre de Cromagnon, Kirchner guardó silencio cuatro días, y eligió seguir disfrutando sus vacaciones. Ahora fustiga a los jueces. Algo no funciona si una misma persona puede cambiar así en cinco meses. El péndulo de la iniquidad sigue su curso. Kirchner corre un riesgo al avalar, indirectamente, la mecánica del Far West y la justicia por mano propia. Temeroso, Chabán eligió no pagar la fianza y regresar a prisión. La paradoja es grotesca. La inmadurez, ilimitada. Las respuestas que comenzaron a dar los jueces hacen temer una fisura con el ejecutivo, que insiste en su error.

Lo inoportuno de la excarcelación es también un síntoma del tipo de funcionarios que tenemos. Independientemente de la gestión judicial, hay un historial que envilece toda búsqueda de ecuanimidad. La ciudadanía debe educarse en el concepto de justicia e independencia del poder; los políticos, en aceptar los dictámenes también cuando no resultan favorables. El principio de independencia debe ser legitimado desde el Estado. No puede descansar exclusivamente en un concepto abstracto para estudiantes, sino que debe ser parte de la vida diaria. Por eso Juan Carlos Blumberg se equivoca al convocar la cuarta marcha para el 02/06. Esa marcha será una presión para la justicia, cuando lo que debería hacerse es velar porque la justicia sea todo lo imparcial que debe ser. Es una lástima: la suma de errores puede menoscabar una figura emblemática que se erigió en uno de los símbolos cívicos más importantes de los últimos años.

Una sociedad comienza a madurar cuando define con claridad los ámbitos de cada poder y se atiene a ellos. Kirchner, llevado por su deseo de plebiscitar su gestión en octubre, está repitiendo los ímpetus declamatorios de Carlos Menem.

© Carlos O. Antognazzi.
Escritor.

Publicado en el diario “Castellanos” (Rafaela, Santa Fe, República Argentina) el 27/05/2005. Copyright: Carlos O. Antognazzi, 2005.

Este artículo tiene © del autor.

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