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Violencia en Argentina (XXIX): Argentina al compás del tamboril

Carlos O. Antognazzi

Argentina



La falta de control, la desidia, la parcialidad informativa y la parcial delimitación de los deberes del funcionario público, que suponen también, en definitiva, una carencia de cultura, impregna la vida cotidiana argentina. Falta de control que supone muertes, como en República Cromagnon, o sustos graves, como en Palermo la semana pasada, cuando una retroexcavadora rompió un caño de gas que no debía estar allí. En la cosa pública pareciera que nadie es culpable, que todos encuentran responsabilidades ajenas, que nadie asume su participación, aunque más no sea por no denunciar las irregularidades en tiempo y forma.

Violencia en Argentina (XXIX):

Argentina al compás del tamboril

La falta de control, la desidia, la parcialidad informativa y la parcial delimitación de los deberes del funcionario público, que suponen también, en definitiva, una carencia de cultura, impregna la vida cotidiana argentina. Falta de control que supone muertes, como en República Cromagnon, o sustos graves, como en Palermo la semana pasada, cuando una retroexcavadora rompió un caño de gas que no debía estar allí. En la cosa pública pareciera que nadie es culpable, que todos encuentran responsabilidades ajenas, que nadie asume su participación, aunque más no sea por no denunciar las irregularidades en tiempo y forma. Lo dije en una nota hace meses: si los empleados de República Cromagnon hubiesen hecho público lo que sabían cuando correspondía, probablemente se hubiesen evitado los casi 200 muertos de diciembre de 2004. Pero esos empleados hablaron cuando ya había estallado el escándalo, y además hablaron para protegerse a sí mismos, no para salvaguardar a futuras víctimas. Para buena parte de la sociedad argentina la solidaridad y el civismo son un valor de trueque antes que una actitud de vida.

Delitos al por mayor

Encontrar un responsable en esta madeja de cursilería burocrática es casi imposible. Las causas se diluyen por abarrotamiento de información, como hice notar en mi novela Señas mortales (Castalia, Madrid, 2005). Claro que, como es norma en estos casos, hay un culpable anónimo y general, el Estado, que termina siendo una especie de chivo expiatorio. Pero el Estado somos todos, porque Estado no es sinónimo de Gobierno. Es decir que en la punta de la madeja los últimos responsables somos los ciudadanos y nuestra falta de cultura cívica para vigilar al Gobierno y para denunciar como corresponde y cuando corresponde. Lo curioso es que no se trata de educarnos para proteger a otro, sino para protegernos a nosotros mismos, que somos los principales damnificados por los malos gobiernos.

La ley 10430 establece en su artículo 2º, inciso D, que para ingresar en la administración pública una persona debe tener título secundario (polimodal, para el lector extranjero) o su equivalente. Sin embargo, se descubrió que hay 72000 empleados (el 41 %) en la provincia de Buenos Aires que no cumplen este requisito. El Gobierno, entonces, procurará que estudien y obtengan su título. Para ello se prevé que lo hagan en horario de trabajo y con un aliciente económico. El despropósito tiene su explicación: para el secretario general de ATE, Hugo Godoy, como la modificación de la ley mencionada tuvo lugar en 1986, los trabajadores que ingresaron a la administración pública antes de ese año no están contemplados por esta ley, y si el Gobierno quiere blanquear la situación irregular debería pagarles. Godoy no explicó quién trabajará mientras los que deben hacerlo estudian, ni de dónde saldrá el dinero para “incentivarlos”.

Pero no sólo Godoy es imprudente. Claudia Bernassa, subsecretaria de la Gestión Pública, afirma que «si los empleados no han terminado su escolaridad fue por una injusticia previa o por una falta de igualdad de oportunidades, no por su propia decisión» (sic. La Nación, 22/09/05, p. 11). ¿Sobre qué base opina Bernassa? El origen del problema puede servir sólo para no generar nuevamente un problema similar, pero no solucionará el delito que nos ocupa.

Abuso de poder

Una acordada de la Corte Suprema prohibió en 1977 que los «meritorios» (por lo general, estudiantes de abogacía) trabajen sin cobrar sueldo, sin obra social, sin hacer aportes jubilatorios, sin tener seguro contra accidentes; es decir, sin aquello que se le exige a cualquier argentino. Qué paradoja que haya unos 1200 casos así dentro mismo de la corte en todo el país. La juez Cecilia Federico, titular del Juzgado Nacional en lo Civil Nº 94 de la Capital, argumenta que «si yo tuviese que trabajar con el plantel real, se atrasaría el trabajo en un tercio» (Cfr. La Nación, 18/09/05, p. 17). Es decir que la misma justicia comete el delito y reconoce que se necesita más personal, pero se sigue delinquiendo.

Pedro Kesselman, director del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, hizo notar lo perverso del sistema al asegurar que los meritorios podrían hacer un juicio laboral al Estado, pero «el problema va a ser encontrar un juez que no se excuse, cuando son tantos los que tienen meritorios» en su despacho. Como hice notar en capítulos anteriores, no es sencillo establecer un parámetro ético y equitativo cuando desde la misma institución que debe velar por el cumplimiento de la ley se delinque abiertamente.

La idea de que quien ostenta el poder puede hacer lo que quiere es connatural al ideario colectivo argentino. Y cuando una idea se afirma en el ideario, hasta es difícil que la justicia, que debería estar por encima de las pujas rastreras y los dilemas de concepto, encuentre su norte. Al fin de cuentas los jueces surgen de la población, y son parte de ese ideario colectivo. Son humanos, también, como los delincuentes a los que deben juzgar. Tienen gustos e ideología, y han sido moldeados, independientemente de los estudios cursados, por esa escuela que supone la pertenencia a una cultura.

Para el Presidente Kirchner, como para tantos otros anteriormente, el poder es un ejercicio de coto privado. La esfera del Estado está para su exclusivo beneficio, y es en función de esa idea que su esposa Cristina Fernández puede asistir a los actos de campaña en el helicóptero presidencial, o llevar consigo al fotógrafo de la Casa Rosada para que inmortalice sus momentos de gloria. El uso del poder se convierte en abuso, y se repite la cursilería de la pizza con champán de los noventa. Los discursos pretenciosamente académicos o la presencia de un premio Nobel (que se suma a cualquier discurso que critique al FMI, no importa de quién provenga) no alcanzan para mimetizar la realidad aciaga de una pareja con más ansias de figurar y de utilizar el poder que de gobernar para todos los argentinos.

Como parte de este circo criollo está el hecho de que la publicidad que hace Bielsa en las carapantallas de Buenos Aires es gratuita, porque la concesión está en manos de Enrique Albistur, secretario de Medios. El detalle de que esta concesión venció hace nueve años, y que el Gobierno no llamó a una nueva licitación no es más que eso, un detalle que se pierde en la maraña de irregularidades (cfr. José Ignacio Lladós. El Estado es mío. La Nación, 27/09/05, p. 17). Mientras, los demás candidatos deben pagar por sus campañas. Así, el Gobierno es, una vez más, juez y parte.

Que siga el baile

La justicia esta en el ojo de la tormenta por derecho propio, no por imposición de una sociedad hastiada. Los “buenos muchachos” de la barra brava de Boca han sido condenados, pero mientras no haya sentencia firme seguirán libres. Eso sí, no podrán concurrir a la cancha durante tres años.

«Acá, en la Argentina, nadie puede ir preso por una pelea», se jactó exultante el jefe de “La 12”, Rafael Di Zeo, al salir de tribunales. Se sospecha que hubo arreglos entre acusados y denunciantes para retirar algunos cargos. Di Zeo festejó junto con los demás acusados como si la barbarie de 1999, cuando irrumpieron en la cancha con palos, piedras, cuchillos y navajas y mandaron al hospital a 14 simpatizantes de Chacarita, hubiese sido un juego de niños. Menos mal que en ese amistoso Boca iba ganando 3 a 0. De nada valieron los gritos de Martín Palermo y Jorge Bermúdez pidiendo un poco de cordura. Mauricio Macri, presidente de Boca, sólo declaró que el club «no es responsable por estos actos». Como si el club no tuviera una anuencia manifiesta (pero no “comprobada” por la justicia, que seguramente tiene preocupaciones más importantes que ponerle límite a la connivencia delictiva) con los forajidos y no les diera entradas, pasajes y viáticos, y como si esos delincuentes fueran completos desconocidos.

Como una muestra más del poder de estos señores, el domingo pasado, cuando jugaban Boca y Racing y aún no se había conocido el fallo, Di Zeo y sus secuaces concurrieron a la cancha y entonaron cánticos alusivos a la justicia. Pero quedan las fotos elocuentes de aquel salvajismo de 1999, en donde los partícipes son perfectamente identificables: el “Oso” Pereyra y Rafael Di Zeo, por ejemplo, pateando a un simpatizante de Chacarita que está indefenso en el suelo, en medio de otros diez integrantes de la temible “La 12”.

Enrique Valiente Noailles hace notar que «la noción de condena tiene una connotación festiva hasta en nuestro lenguaje: ¿no somos un país “condenado al éxito”?» (cfr. Vestidos para una fiesta. La Nación, 27/09/05, p. 20). El festejo de la barra brava de Boca se corresponde con el aplauso que recibió el violador serial de Córdoba durante su entierro y con el abrazo exultante de Hebe de Bonafini, Norman Brisky y Osvaldo Bayer cuando el juez Claudio Bonadío negó la extradición del terrorista Lariz Iriondo a España.

Daría la impresión de que para buena parte de la sociedad argentina la violencia es un derecho y una hazaña, digna de emulación. ¿Por qué quejarse, entonces, de las atrocidades de la dictadura? Las diferencias son mínimas, cuantitativas pero no cualitativas. Ciertamente, como escribí el año pasado, la violencia está en nosotros. Seguimos así al compás sincopado del tamboril, a los tumbos, bestiales, pasionales, ferozmente inadaptados a todo aquello que se acerque al civismo.

© Carlos O. Antognazzi.

Escritor.

Santo Tomé, setiembre de 2005.

Publicado en el diario “Castellanos” (Rafaela, Santa Fe, República Argentina) el 30/09/2005. Copyright: Carlos O. Antognazzi, 2005.

Este artículo tiene © del autor.

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