Todas las medidas económicas de nuestro Gobierno –todos los ajustes y recortes- van dirigidas a conseguir la confianza de aquellas personas y entidades que nos prestan dinero. La confianza de los mercados dicen nuestros máximos responsables sin inmutarse. Las llamadas políticas de austeridad van dirigidas no sólo a aumentar nuestra capacidad de pago, sino a demostrar que España podrá pagar su deuda. Cuanto mejores deudores seamos, con más facilidad nos prestarán dinero. Esta es la fórmula mágica que el mundo occidental ha ideado para salir de la crisis: la deuda pública.

Verdaderamente brillante e imaginativo: se pide dinero prestado a quien lo tiene y, cuando las sumas prestadas se han agotado, se pide más. Obtener liquidez a cambio de endeudarnos -por varias generaciones-, frente a las entidades financieras privadas que disponen de ese capital. A este sólo fin se subordinan las medidas económicas del Gobierno: a ajustarnos a las exigencias de nuestros acreedores para poder seguir pagando.

El ciudadano, en manos de ¿quién?

La conclusión es tan evidente que casi resulta ocioso enunciarla. El Gobierno de España no gobierna en función de los intereses de los ciudadanos españoles, sino en atención a los dictados de nuestros acreedores. En toda Europa se legisla y se gobierna para este conglomerado de intereses supranacionales, y si ya nuestro modelo de representación democrática era, de por sí, endeble e imperfecto, ahora lo es mucho más. Agudizadas sus profundas contradicciones a causa de la recesión, el ciudadano occidental se siente –más que nunca-, a merced de decisiones adoptadas en círculos cada vez más pequeños y alejados de su control legítimo. Chipre ha sido el último ejemplo de estas durísimas medidas de intervención, realizadas con el sólo fin de poder seguir pagando esta deuda.

Y mientras los ciudadanos chipriotas ven intervenidos directamente sus ahorros a raíz de medidas dictadas por oscuras fuerzas financieras, muchos nos seguimos preguntando no sólo acerca de la procedencia de esta deuda, sino también sobre la validez de esta forma de obtener dinero. Se trata de una cuestión profundamente inmoral. Las mismas entidades bancarias que provocaron esta recesión han sido apuntaladas con fondos públicos. Salvadas estas mismas entidades privadas con el dinero de todos, se están dedicando a invertir en nuestro endeudamiento. Así, se perpetúa el negocio por los siglos de los siglos y, además, se refuerza el control político sobre nuestras cada vez más menguadas democracias.

Nuevo equilibrio capitalista

Esta deuda se está contrayendo sin el conocimiento ni el consentimiento de los ciudadanos. Esta deuda no nos favorece –se contrae a espaldas de los verdaderos intereses del pueblo-, y constituye el ariete imparable de un nuevo equilibrio capitalista basado en nuestro empobrecimiento económico y en nuestro retroceso democrático. La deuda como motor del austericidio, y de esta nueva Europa inhumana que está surgiendo del desastre. Desde el punto de vista del Derecho, esta deuda es considerada como una deuda odiosa. La deuda execrable como aquella que contrae un Gobierno en contra de los intereses de sus propios ciudadanos.

En consecuencia, y al ser nulos los pactos llevados a efecto entre contratantes de mala fe, esta deuda no tendría que ser pagada: no es exigible porque ha sido formalizada en contra de las personas a las que –teóricamente- tendría que beneficiar. Este concepto jurídico ha sido profusamente utilizado para liberar a los ciudadanos de cargas asumidas por gobiernos despóticos. Fue el jurista ruso Sack quien enunció que los acreedores han cometido un acto hostil para con la población; ellos, por lo tanto, no pueden esperar que la nación liberada de un poder despótico asuma las deudas odiosas, que son deudas personales de ese poder.

La deuda odiosa

En otras palabras, que de estas deudas deberían responder personalmente aquellos dirigentes que las contrajeron, más no la ciudadanía en su conjunto. Dicen nuestros teóricos sobre la deuda odiosa que, como actividad esencial de carácter previo, se hace preciso delimitar con precisión no sólo quiénes son nuestros prestamistas –determinar claramente frente a quién estamos hipotecando soberanía- sino el carácter y las circunstancias individualizadas de cada una de estas operaciones crediticias. Una vez determinadas las deudas que tuvieran ese carácter execrable, sencillamente y sin más consideración, no se pagarían. No debemos no pagamos, y dejamos de lastrar nuestra vida social por el peso de estas indeseadas obligaciones de pago.

Dicen los sesudos pensadores que sustentan nuestro actual modelo económico y político –el negocio-, que estas medidas de cancelación unilateral de deuda pública supondrían el colapso de nuestra economía. Qué miedo… ¿el colapso? Y esto que vivimos ahora… ¿qué es?