Cuando los venezolanos se preparan para ir a las urnas el próximo 14 de abril, Amnistía Internacional ha identificado algunas de las cuestiones clave de derechos humanos a las que todos los candidatos deben dar prioridad en sus planes.

Seguridad ciudadana
Venezuela tiene uno de los mayores índices de asesinatos de Latinoamérica debido, entre otros factores, a la proliferación incontrolada de armas de fuego y municiones.

La actuación policial sigue siendo un problema, y aunque en los últimos años se han hecho avances, las autoridades deben garantizar que se investigan todos los abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad y que se pone a los responsables a disposición judicial.

Además, se tienen que recoger y poner a disposición pública datos oficiales sobre las armas de fuego y las lesiones que causan y que establecer un sistema nacional de apoyo a las víctimas de violencia con arma de fuego.

Prisiones
En las prisiones de Venezuela persisten desde hace años el hacinamiento y la violencia generalizada.

Esta situación se ha vuelto especialmente problemática en los últimos años, hasta el punto de que en 2012 murieron al menos 591 personas en las cárceles venezolanas, donde hay tres veces más reclusos de los que se consideraba que el sistema debía acoger. En todas las prisiones proliferan las armas y los explosivos, y los enfrentamientos violentos y los motines son sumamente frecuentes.

Las autoridades deben garantizar que todos los centros de detención cumplen las normas básicas en lo referente a la infraestructura y personal. Asimismo, el sistema judicial debe garantizar que no se produce hacinamiento como consecuencia de demoras indebidas en los procesos.

Por último, deben adoptarse medidas para prevenir y castigar la violencia en las prisiones, lo que incluye impedir la proliferación de armas en los centros de detención y llevar a cabo investigaciones sobre los abusos.

Libertad de expresión y asociación
Quienes expresan oposición a las políticas del gobierno, en especial los periodistas y los activistas de los derechos humanos, son a menudo objeto de acusaciones infundadas, que las autoridades y los medios de comunicación oficiales vierten contra ellos con el fin de deslegitimar su trabajo.

Algunos defensores de los derechos humanos han denunciado incluso agresiones físicas. Los responsables raras veces se enfrentan a la justicia.

Las autoridades venezolanas deben respetar el derecho a la libertad de expresión y asociación, lo que incluye garantizar el derecho a proteger los derechos humanos sin temor a sufrir represalias.

Violencia contra las mujeres
Como en muchos otros países del mundo, la violencia contra las mujeres es un problema endémico en Venezuela.

Aunque el país aprobó no hace mucho la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al cabo de seis años esta norma carece todavía de un marco regulador del modo en que las autoridades deben tratar este tipo de delitos.

Las autoridades deben esforzarse por aplicar la ley y fortalecer los tribunales especializados que ven los casos de violencia contra las mujeres y por proporcionar refugios suficientes y con los recursos precisos para atender las necesidades de las sobrevivientes de violencia.

Escrutinio internacional en materia de derechos humanos
En septiembre del año pasado, Venezuela denunció formalmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, iniciando así su retiro de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Debido a ello, a partir de septiembre de 2013 las víctimas de violaciones de derechos humanos no podrán presentar denuncias ante la máxima instancia judicial de América.

Para administrar justicia a todas las personas sin discriminación, es esencial un sistema judicial firme, independiente e imparcial. Sin embargo, todos los países necesitan también garantizar la protección de mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos para proporcionar a las víctimas otra vía de justicia cuando sus denuncias por violaciones de derechos humanos no se atienden en su país. 

Venezuela debe restablecer su compromiso con los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos para garantizar que todas las personas pueden acceder ellos, lo cual es un derecho constitucional de todos los venezolanos.