Manuel Menor - Revista Escuela
ENTREVISTA
“La salud privada no existe, existe la sanidad privada. La salud, por definición, siempre es pública”
Àngels MartÃnez Castells (Mollet del Vallés, 1948) es buena conocedora de las polÃticas económicas, especialidad de la que ha sido profesora en la Universidad de Barcelona y sobre la que habÃa escrito su tesis doctoral. Ha aplicado su saber a asuntos como las deslocalizaciones industriales, feminismo, Europa, la crisis económica, las relaciones entre género y trabajo, y, sobre todo, la salud pública. Ha tratado todos estos asuntos en una gama amplia de revistas y también ha participado en obras colectivas de gran impacto lector, como Reacciona (Aguilar, 2011) o Actúa (Debate, 2012). Lo suyo es la defensa de los servicios sociales y el derecho a ser ciudadanos exigentes con lo que es de todos. Es fundadora y presidenta de “Dempeus per la salut publica” y acaba de ser elegida para el Consejo CientÃfico de ATTAC. Tiene un blog personal bilingüe: http://puntsdevista.wordpress.com/. Su asociación es más directamente accesible en:http://dempeusperlasalut.wordpress.com/. Si se quiere dialogar sobre cuestiones candentes como las que aquà comenta, se puede twittear con ella en: @angelsmcastells
Salud-sanidad. La sanidad solo es un componente de la salud, del mismo modo que creo estaremos de acuerdo con que la enseñanza solo es un ingrediente más de la educación, por importante y central que sea su papel. La sanidad previene, atiende y trata de curar a las personas enfermas. Pero la salud es mucho más: significa poder vivir la vida de forma autónoma y solidaria (porque las relaciones entre personas son siempre interdependientes) y nos permite ser felices. Para ello hay que considerar la sanidad como un determinante más de la salud, tan importante como un trabajo digno, un subsidio de paro asegurado que nos permita sobrevivir si hemos perdido el empleo o una pensión de jubilación que no degrade a las personas mayores. Y, junto con ello, son determinantes de salud también una alimentación nutritiva, una vivienda en condiciones en un barrio saludable y participar de un buen sistema educativo.
Sanidad-derechos sociales. Sanidad y educación públicas están en el centro de la conquista de los derechos sociales. Si se enfocan hacia la equidad, son instrumentos fundamentales en la lucha contra las desigualdades. Pero también pueden utilizarse para objetivos espurios: la enseñanza puede alejarse de la formación de ciudadanos y ciudadanas, y convertirse en un mero adiestramiento de mano de obra –en diferentes grados de cualificación– según las necesidades de las empresas; y la sanidad pública centrarse, en gran medida, en la mera “reparación de daños” para acortar el tiempo de bajas. Sin embargo, podemos asegurar que cumplan su cometido como derechos fundamentales si ampliamos su dimensión social y conseguimos que se afirmen como núcleo de un amplio sistema de servicios públicos al servicio de las personas.
Derecho universal a la sanidad. Precisamente este verano recordaba en la UIMP, en la presentación del libro Actúa y para explicar la actualidad del capÃtulo “La sanidad como mercancÃa, la salud como botÃn”, la obra legal que, con graves quebrantos, habÃa iniciado el Ministro de Sanidad Ernest Lluch (1982-1986). Con el RD-ley 16/2012 de 20 de abril, de “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”, el Gobierno del PP nos obliga a un viaje en el tiempo; elimina, de un plumazo, conquistas fundamentales en derechos de ciudadanÃa. Con el Decreto-ley del pasado abril, Ana Mato se propone enterrar definitivamente la universalidad de la sanidad iniciada por Ernest Lluch.
Junto a la desaparición de los derechos de ciudadanÃa por derechos derivados de situación laboral, con un claro sesgo de género, reaparece el carácter de la beneficencia, al que se podrán acoger todas las personas con nacionalidad española, extranjeros residentes o “titulares de unas autorización para residir en España”, “siempre que acrediten que no superan el lÃmite de ingresos determinado reglamentariamente”.
Desaparecido el ciudadano como sujeto de derecho, en el Decreto-ley se considera imprescindible regular la condición de asegurado, como condición previa a partir de la cual (en tiempo verbal de futuro) “se podrá garantizar una asistencia pública gratuita y universal”… ¡Una asistencia pública universal a la que ya tenÃamos derecho hasta que se ha puesto en vigor el Decreto- ley! Y asÃ, serán “asegurados”, pues (y tendrán derecho a asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos), quienes formen parte de la población activa (personas empleadas por cuenta propia o ajena, o en paro), los pensionistas, quienes acrediten su condición de “beneficiario” por su relación de dependencia, quienes acrediten su falta de medios. El estatuto de “beneficiario” tendrá una relación efectiva similar. Finalmente, se podrá acceder a la asistencia sanitaria pública mediante el pago de contraprestación o cuota derivada de un convenio especial… Y aquà convendrá leer atentamente la reglamentación que acompañe la medida, porque de hecho puede significar una mayor apertura hacia mutuas privadas (o seguros privados) para que sigan colonizando el servicio público de salud.
Insisto en la necesidad de leer con atención, puesto que el retroceso de la universalidad entendida como un derecho ciudadano fundamental, se expresa claramente en el propio texto del Decreto-ley cuando dice textualmente, que lo que era en anteriores disposiciones legales un sistema de salud “universal”, pasa ahora a tener “vocación universal” (2ª lÃnea Decreto-ley)… Y por los artÃculos y disposiciones que siguen, creo que cabe dudar, con sobrados motivos, de dicha “vocación universal”.
Salud pública-salud privada. La salud privada no existe, existe la sanidad privada. La salud, por definición, siempre es pública. Vale la pena insistir en la diferencia porque ayuda a entender mejor las causas inmediatas de la enfermedad, los condicionantes de salud y las polÃticas (o causas de las causas) que pueden fomentar una sociedad autónoma y solidaria (sana) o una sociedad con paro, marginación, precariedad, miedo… (una sociedad enferma). Pero es que además, cuando la atención sanitaria se convierte en mercancÃa (y, por ejemplo, se obtiene a cambio del pago de una cuota a una mutua privada), solo se nos aceptará como “clientes” si gozamos de buena salud. Probemos a contestar a alguna de las ofertas que actualmente proliferan: “su oferta me viene de maravilla porque tengo 65 años, padezco diabetes, una enfermedad autoinmune y me han hecho un triple bypass”…; le colgarán el teléfono antes de que pueda acabar de contar sus males reales o imaginarios. Si no fuera por la sanidad pública, una auténtica conquista de civilización, la selección natural de nuestra sociedad serÃa incluso peor –de forma relativa– que en sociedades de muchos menos recursos.
Privatización del sistema sanitario público. En el inestable equilibrio de un sistema mixto público-privado, basado en el supuesto de “colaboración” entre ambos, descubrimos de hecho un proceso de colonización del sistema privado que parasita el sistema público y consigue que se privaticen los servicios más rentables. Con ello convierte la satisfacción de necesidades y el ejercicio de derechos universales en maximización de beneficios para unos pocos bolsillos. Tenemos las alertas sobre qué significa este proceso para el bienestar, la salud y la vida, en los múltiples estudios realizados sobre el proceso de privatización del sistema público británico iniciado en tiempos de Margaret Thatcher; y conocemos también los pobres resultados en términos de esperanza de vida, bebés muertos al nacer y mujeres que fallecen durante el parto en paÃses con alto nivel de PIB, pero con sistema privado de salud.
Pago/copago/repago. El agravamiento en las condiciones de co-repago, con la exclusión de prótesis y productos por determinar, la introducción del repago en servicios ambulatorios fundamentales como el transporte asistido para diálisis, tratamientos invalidantes, etc., va a significar (significa ya, de hecho) la pérdida de servicios y medicamentos fundamentales para personas que los necesitan para su salud y bienestar, en tanto que supondrá una carga burocrática costosa e ineficaz por la complicada (e injusta) aplicación de los distintos tramos de repago, incluido el repago con que se grava a pensionistas y la fórmula (todavÃa por concretar) en que se efectuará la devolución de los lÃmites de gasto permitido (pero siempre en contra de la persona enferma).
El repago ha dado lugar a acciones de protesta de distinto tipo. Por ejemplo, en Catalunya, desde asociaciones de vecinos, iaioflautas y Dempeus per la Salut Pública, hasta negarse a pagar el euro adicional que impone el govern de CiU por receta, y que discrimina con alevosÃa a las personas más enfermas. Algunas han elegido no tomar sus medicamentos, con el consiguiente peligro para su salud. Personal de atención sanitaria de primaria ya está advirtiendo que mujeres y hombres que antes no pagaban por sus medicamentos por estar en la jubilación y siguen necesitando sus medicamentos, les preguntan si se los pueden facilitar de muestras gratuitas porque, de otra manera, tienen que escoger entre comer o pagar a la farmacia…
“Resulta inadmisible que, bajo la excusa de los recortes, se esté produciendo un grave retroceso en los derechos de las mujeres”
Mujeres y nuevo sistema sanitario (repercusiones). Resulta inadmisible que, bajo la excusa de los recortes económicos, se esté produciendo un grave retroceso en los derechos de las mujeres, tan duramente conquistados. También es salud la despenalización del aborto voluntario y su inclusión efectiva en el Sistema Nacional de Salud. Volvemos a ello casi 30 años después de la Ley Orgánica 9/1985. Aquella “Ley de despenalización del aborto” o “Ley de interrupción voluntaria del embarazo” –que incluÃa la reforma del ArtÃculo 417 bis del Código Penal (Anexo 1) –, tuvo que hacer frente a fuertes oposiciones y graves problemas. Vino precedida por otra conocida sentencia del Tribunal Constitucional (sentencia 53/1985) – que se pronunció sobre el recurso de inconstitucionalidad que paralizó el proyecto de despenalización parcial del aborto durante dos años–, y a su amparo se elaboró el texto definitivo que entró en vigor en 1985. Dicha Ley, aprobada después de superar todos los escollos clericales y acientÃficos, despenalizó el aborto inducido en tres supuestos: riesgo grave para la salud fÃsica o psÃquica de la mujer embarazada o supuesto terapéutico; el supuesto criminológico, cuando el embarazo era el resultado de violación; y, finalmente, el supuesto relacionado con malformaciones o graves deficiencias fÃsicas o psÃquicas. Naturalmente, el movimiento feminista no estuvo de acuerdo con las limitaciones establecidas por la Ley, aunque valoró que se abriera un proceso despenalizador que debÃa continuar a medida que se fueran venciendo las hipocresÃas de sacristÃa que implican –siempre– el sometimiento de las mujeres.
Gallardón se opone a la actual ley de interrupción del embarazo mintiendo: dice que es por la liberación de las mujeres, que por “opresión” se ven obligadas a abortar (y mientras, el Gobierno del cual forma parte recorta sanidad, enseñanza, prestaciones y todas las polÃticas amigas de las mujeres para “activarlas”, seguramente, y que encuentren su liberación en embarazos no deseados…). Y lo hace engañando: porque alega que quiere volver a la Ley de 1985, pero sin contemplar el supuesto de malformación, equiparando al ser nacido con problemas a los embriones (una vieja polémica que el Ministro se empeña en reabrir). Y lo hace enfureciendo con toda razón a las mujeres que siguieron luchando por la ampliación de derechos que habÃa abierto la Ley de 1985 hasta la reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
Los grandes beneficiados del nuevo sistema. Sin duda, las mutuas y las clÃnicas privadas, los laboratorios farmacéuticos que han intervenido en la elaboración de las listas de medicamentos excluidos de financiación… Pero sus beneficios privados son insignificantes comparados con los graves quebrantos para toda la sociedad y la salud pública de este nuevo sistema que intenta parecerse al de Estados Unidos. Pero hay que saber que, en dicho paÃs, el primer riesgo de quiebra para muchos hogares de clase media es una intervención quirúrgica complicada y una larga enfermedad. En ambos casos, incluso teniendo seguro de enfermedad, las mutuas procuran abandonar a las personas enfermas a su suerte, con mil y una excusas que las eximen del contrato suscrito. Y que no quieran presentar como beneficio que se excluya a personas inmigrantes de la atención primaria, porque significa mayor afluencia al servicio de unas urgencias ya ahora colapsadas en muchos casos y un peligro real para la salud pública. Los policÃas y los burócratas distinguen entre papeles en regla y no. Los microbios y los virus no distinguen en absoluto.
Sanidad y Educación: puntos de contacto
Como Dempeus per la Salut Pública nos parecerÃa que un programa mÃnimo inicial que potenciara la salud en nuestra época deberÃa pasar por:
1) Desmercantilizar la salud pública y la atención sanitaria, como la quieren el control privado, la influencia del neoliberalismo y la industria biomédico- farmacéutica. En este sentido, rechazar tanto las propuestas de recortes de salarios del personal como de plantilla, copago, etc., que en la práctica reducen las prestaciones que reciben los pacientes y tienen por objetivo real potenciar un sistema público con doble lista de espera (una lenta y precaria para las clases populares, y otra acelerada y diligente para quienes paguen también un seguro privado).
2) Desbiomedicalizar la salud proponiendo avances en la educación, la prevención, la humanización y la atención de la salud a través de una integración entre lo biológico, lo psicológico y lo social, en una visión integral de la salud.
3) Integrar la atención sanitaria dentro de la salud pública, haciendo especial hincapié en la prevención primaria de la enfermedad y la promoción de la salud. Por ello, es imprescindible hacer pedagogÃa activa de los determinantes sociales de la salud y de la equidad en salud. Potenciar la equidad en salud es también potenciar una sociedad de personas más iguales, en una sociedad más justa.
4) Vigilar y proponer polÃticas para cambiar los principales determinantes de la salud y de la equidad, como recomienda la Comisión de Determinantes de Salud. Hoy está más claro que nunca que deben ser las polÃticas surgidas desde las personas, sus derechos y sus necesidades, las que marquen las polÃticas de salud. En este sentido, una sociedad excluyente, con una tasa media de paro del 25% de la población activa –que prácticamente se dobla en la población menor de 25 años–, es un elemento de desigualdad y una atentado a la salud pública de primer orden.
5) Hay que conseguir que el lema de salud –en todas las polÃticas sea más útil que nunca. Esto significa hacer posibles las medidas que satisfagan los derechos y las necesidades, con su evaluación relativamente constante. Si la polÃtica planteada puede afectar negativamente a la salud o incrementar las desigualdades debe desestimarse e impulsar otras que favorezcan la mejora de la salud entendida de forma global.
6) Hay que explicar qué es la equidad en salud y por qué la equidad puede no corresponderse con lo que está escrito o lo que parece más igualitario. Como se sabe perfectamente en el mundo de la enseñanza, ni es justo ni permite alcanzar la igualdad tratar de manera igual a los desiguales…
7) Hay que hacer énfasis en la figura del trabajador/a social, que junto con los médicos y médicas de atención primaria constituyen una figura de proximidad estrechamente en contacto con los sectores más débiles de nuestra sociedad, donde hay que invertir más solidaridad y toda la ayuda necesaria, especialmente para los colectivos más vulnerables.
8) Promover el reconocimiento del papel imprescindible que deben jugar los agentes educativos (escuela formal y no formal) en la promoción de la salud de la comunidad. Su acompañamiento en el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes de las personas, asà como la situación de proximidad cotidiana que les permite conocer los contextos socioeconómicos de niños, jóvenes y familias, sitúa a los agentes educativos como elementos claves en la promoción de modelos de vida y entornos fÃsicos y psicosociales saludables.
9) Finalmente, nos parece fundamental democratizar la salud pública y la atención sanitaria con participación de la población. Mejora su salud de forma directa –por la misma acción e implicación de las personas– e indirecta –por el impulso de objetivos que de otra manera podrÃan no llegar nunca a estar en la agenda de quienes hacen las polÃticas. Esta participación debe ser libre e insurgente, con voz propia; debe crear un contrapoder fuerte, real, con propuestas alternativas. Solo asà tiene sentido hablar de participación de la sociedad civil.
La propuesta de Dempeus per la Salut Pública es por una sociedad sana, equitativa, plenamente democrática y saludable, en armonÃa, autonomÃa y solidaridad. Y exigimos además, como un valor de salud fundamental, que nuestros chicos y chicas dispongan de un sistema de enseñanza presidido por contenidos y valores humanistas, y se eduquen en la solidaridad y la libertad, sin los peligros reductores y empobrecedores de magias trasnochadas, fundamentalismos integristas, y el virus empobrecedor para las mentes y la convivencia en democracia que representa el pensamiento único.
Entrevista de Manuel Menor a Àngels MartÃnez, experta en polÃticas económicas, feminismo y salud pública, para la revista ESCUELA Núm. 3.978 (560) del 4 de abril de 2013.