Este artículo señala la necesidad de que las autoridades políticas y sanitarias se movilicen en contra de la excesiva promoción de las sodas y bebidas azucaradas, una de las mayores causas de la epidemia de obesidad entre los jóvenes.

Las encuestas muestran claramente que una de las causas del desprestigio de la clase política ha sido su temor a enfrentarse a grupos empresariales de gran influencia política y mediática, que anteponen sus intereses particulares a los intereses generales de la población. Su resistencia a enfrentarse a los poderes fácticos como, por ejemplo, la banca (que con su comportamiento ha creado la crisis en la que nos encontramos) es un caso claro de ello. De ahí que aquellos políticos y/o partidos a los que se percibe como defensores de los intereses generales frente a los intereses particulares (por muy poderosos que estos últimos sean) gocen de apoyo y reconocimiento popular.

Un ejemplo de ello es el alcalde de Nueva York, el Sr. Michael Bloomberg, y su administración, que ha hecho de la defensa de la salud del ciudadano de Nueva York (como usuario y consumidor) una de las características de su mandato. Su oposición (por primera vez en EEUU) a que se fumara en los restaurantes y en otros lugares compartidos (fueran estos públicos o privados), en defensa de la salud de los no fumadores (y también de los fumadores), medida respondida con gran hostilidad por intereses muy poderosos, incluyendo los lobbies de los restaurantes, le hizo enormemente popular.

Otro ejemplo fueron sus intervenciones para que se conocieran públicamente las condiciones higiénicas de los espacios donde se manipulan alimentos en todos los restaurantes de aquella ciudad. Cuando usted va a un restaurante en Nueva York, puede ver que en la entrada de cada uno de ellos hay una letra grande, A, B o C, que define el grado de higiene de la cocina del restaurante, sistema de evaluación pública que ha creado más de una situación embarazosa a restaurantes de gran renombre en la ciudad.

Otra política pública de defensa de la salud y del bienestar de la ciudadanía ha sido la exigencia de que se publique el contenido graso y calórico de los alimentos en el punto de venta. Y la más reciente de este tipo de intervenciones públicas ha sido sobre las bebidas azucaradas, conocidas como “sodas” en EEUU,  que incluyen desde la Coca Cola y la Pepsi Cola al 7Up. Hoy, EEUU es el país que bebe más soda en el mundo, un total de 216 litros al año per cápita. Y lo que es incluso más preocupante: el consumo es particularmente acentuado entre niños y adolescentes. Los infantes beben mucha más soda que leche.

La evidencia científica muestra claramente que este elevado consumo de sodas es una de las mayores causas del crecimiento de la obesidad (una de las mayores epidemias de nuestro tiempo), tal como he señalado en un artículo reciente, “El contexto político de la obesidad”, Público, 10.05.13), del tipo II-C de diabetes, de caries dentales, de enfermedades cardiovasculares y un largo etcétera -y la situación está empeorando rápidamente-. El consumo de soda por habitante ha doblado en EEUU desde los años setenta. En un excelente estudio realizado por los estudiantes del programa de Políticas Públicas de Hopkins (“The Politics of Sugar Sweetened Beverage in New York City. A case study”, by Parita Panel, Xinyang Wu, Katrina Reiser, Mariam Tokhi and Maria Brown. March 15, 2013) se analiza este crecimiento del consumo, centrándose en la ciudad de Nueva York, donde el porcentaje de la población adulta considerada obesa se ha doblado desde 1995, alcanzando el número de cinco millones de habitantes. Se calcula que los costes debidos a la obesidad alcanzan los 4.000 millones de dólares al año en la ciudad de Nueva York.

Todos estos datos explican que una constante preocupación del alcalde Bloomberg y de su equipo municipal haya sido intentar disminuir este consumo. Y una de las medidas propuestas ha sido subir los impuestos y, por lo tanto, el precio de estas bebidas, siguiendo una estrategia de salud pública semejante a la que se ha seguido exitosamente con el tabaco. En realidad, esta campaña tiene muchos parecidos con las campañas anti-tabaco que han salvado millones de vidas.

Otra medida desincentivadora del consumo de soda ha sido la de prohibir que en los bares y restaurantes se sirvan envases de más de medio litro de soda, lo cual ha creado una enorme hostilidad por parte de la industria de producción y distribución de sodas, así como de los bares y restaurantes. Ni que decir tiene que este debate ha concienciado a la ciudadanía del peligro para su salud de beber tanta soda.

La Corte Suprema del Estado de Nueva York, sin embargo, ha abolido la prohibición, anulando su disposición, lo cual ha sido un golpe duro para la Alcaldía de Nueva York. Pero Bloomberg no ha tirado la toalla y ha recurrido, llevando el caso, con toda probabilidad, a la Corte Suprema de EEUU. En esta lucha están, en un lado, a favor de la propuesta de regular el consumo de sodas, The American Public Health Association, The American Medical Association, The American Heart Association, The American Academy of  Pediatrics y los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) del gobierno federal. En contra hay algunos de los grupos económicos más poderosos en EEUU y en la ciudad de Nueva York.

Estas notas no deberían interpretarse como un apoyo a todas las políticas públicas de la Administración Bloomberg. He criticado extensamente muchas de sus políticas inmobiliarias, por ejemplo. Pero su sensibilidad hacia los temas de salud pública y su valentía al enfrentarse a intereses corporativos para defender la salud de la ciudadanía, motivo de su gran popularidad, son merecedoras de un reconocimiento que sería positivo que se expandiera también en España.

En Catalunya, el gobierno de la Generalitat ha hecho la propuesta (a petición de ERC) de elevar los impuestos de las sodas, intentando recaudar 30 millones al año a base de gravar tales bebidas, una medida que ha forzado ya al Embajador de EEUU en España a visitar al Presidente de la Generalitat para indicar su desagrado hacia ella, defendiendo así los intereses de las compañías de EEUU, Coca Cola y Pepsi Cola, que controlan nada menos que el 70% de todas las bebidas azucaradas en España. Ante esta defensa de unos intereses tan particulares, es necesario y urgente que las asociaciones profesionales y científicas de salud pública y/o sanidad se movilicen para apoyar estas medidas, pues la obesidad entre los niños en España (incluyendo en Catalunya) se ha doblado en un periodo de solo quince años.