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8: Ser "guapo" es otra cosa

Carlos O. Antognazzi

Argentina



En un giro impensando del conflicto con Uruguay por las pasteras, luego del bochornoso 14 a 1 con que La Haya rechazó la demanda argentina, el 26/07/06 nuestra Cancillería determinó que los cortes de rutas están amparados por la “libertad de expresión”, y que esa libertad es un derecho humano que está por sobre el derecho de libre circulación.

8:

Ser “guapo” es otra cosa

En un giro impensando del conflicto con Uruguay por las pasteras, luego del bochornoso 14 a 1 con que La Haya rechazó la demanda argentina, el 26/07/06 nuestra Cancillería determinó que los cortes de rutas están amparados por la “libertad de expresión”, y que esa libertad es un derecho humano que está por sobre el derecho de libre circulación.

La ley según K

El exabrupto blanquea, por un lado, la inacción del Gobierno, que amparó de hecho los cortes de los puentes internacionales con Uruguay. Por el otro, legitima un delito con el “aderezo”, siempre seductor para oídos light, de la “libertad de expresión”. ¿Podría considerarse, con similar criterio, que apalear a alguien en la calle es también libertad de expresión del que golpea? ¿Cuál es el límite? ¿Qué libertad de expresión será entonces más libre, o más justa, o más agradable a los ojos selectivos del Gobierno? Si cortar una ruta no es delito porque se jerarquiza la “libertad” de algunos, quizás atropellar a los piqueteros tampoco lo sea, siempre que el conductor invoque su propia libertad expresiva para hacerlo.

Con la definición de la Cancillería se ha legitimado un delito tipificado en el Código Penal (artículo 194). Es decir, se ha creado un nuevo conflicto, porque el Gobierno, sin que previamente se haya reestructurado el código, dice que un delito ha dejado de serlo. La definición también viola el artículo 14 de la Constitución Nacional al impedir «entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino», y el 16, al generar diferencias que niegan que «todos los habitantes son iguales ante la ley». La falacia surge porque la libertad de expresarse nunca puede incluir el delito. Es el delito, contemplado en el CP, quien determina el límite de la libertad. Lo contrario garantiza el caos de la interpretación, en donde cada ciudadano determina según su particular criterio y conveniencia. Es el imperio de la anarquía, ubicado en la antípoda de la democracia.

Se violan además el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el VIII de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre (cfr. Gregorio Badeni. Los límites de la libertad de expresión. La Nación, 28/07/06, p. 08). ¿Puede la cancillería ignorar estas normativas preexistentes, a las que además la Argentina adhiere?

Luis D’Elía es funcionario del Estado luego de asaltar la comisaría 24 de La Boca y de que sus pares en el Congreso no le quitaran los fueros para ser interpelado. El mensaje es transparente: D’Elía ejercía su libertad de expresión. El delito fue premiado por el Presidente. En otras palabras, y para que no haya error: el Gobierno enseña que el delito es gratificante, y cumplir con la ley una estupidez.

¿Cómo pensar que el país puede prosperar si los gobernantes delinquen? ¿Cómo pensar que la ciudadanía pauperizada económica y culturalmente pueda tratar de hacer otra cosa que no sea seguir los pasos ejemplificadores de los políticos?

Civismo en apuros

En Sin castigo no hay Estado (El Santotomesino, mayo 2006) hacía notar el papel pedagógico del Gobierno, y cómo un país es serio cuando el civismo es norma. En Argentina en cambio la norma es la trasgresión, y las leyes no están para ser internalizadas y cumplirse sino para quebrarlas. Un país que carece de parámetros claros en lo concerniente a bien común y delito no puede construirse a sí mismo ni erigirse en un referente serio. Si Kirchner alentó el ingreso de Venezuela al Mercosur, cuando Chávez públicamente se abraza con el presidente de Irán y declara que Israel es como Hitler, está cometiendo un yerro. Así como la elección del Presidente es equivocada, también lo es su gestión interna.

Se le brinda a la ciudadanía un ejemplo contradictorio, cuando no directamente negativo. No importan la AMIA ni la embajada de Israel, la ciudad de Río Tercero o los mil días que María Julia Alsogaray pidió para sanear el Riachuelo. No importa la contaminación de las pasteras dentro de la Argentina, sino la presunta contaminación de ENCE y Botnia en otro país y con tecnología muy superior a la nuestra. No importa torcer la ley en beneficio propio porque, entre otras cosas, la ley no es para todos sino para garantizar la impunidad de un grupo que se aúpa al poder. Todo vale. Al menos para algunos inescrupulosos.

En Argentina respetar las leyes y actuar con civismo es pertenecer al grupo de las “ovejas negras” que avanzan contra la corriente. La mano de Dios, el bidón de Grondona, Minguito, Marcelo Tinelli, son todas máscaras de una misma ignominia. En la última semana de julio Tinelli concurrió tres veces a la Casa Rosada en un BMW negro último modelo, con chofer y guardaespaldas. Se entrevistó con Kirchner. La última vez que se retiró ya era propietario de Radio del Plata. Los negocios son aceitados en ciertas esferas de poder, y “pertenecer” tiene sus beneficios.

En un artículo reciente el siempre medular Santiago Kovadloff hizo notar que «el culto del coraje y la osadía sin restricciones van ganando en el orden comunitario el protagonismo que debería tener la ley», y que «la guapeza va desplazando así los valores cívicos intrínsecamente debilitados por una concepción de la política y el derecho que sólo concibe la eficacia en la acción como fruto del coraje personal» (Los riesgos de gobernar a lo guapo. La Nación, 26/07/06, p. 15). La paradoja inquieta: lo que más requiere el país es conducta cívica, pero ésta es sistemáticamente disgregada mediante acciones irresponsables cuya única “virtud” es su poder demagógico. Al seleccionar qué tipo de libertad de expresión se va a apoyar, el Gobierno está diseñando el mapa de la iniquidad: tendrán libertad de expresión aquellos que “pluralmente” piensen como uno, y aquellos que pueden perjudicarnos, como los piqueteros.

Es por eso que desde un comienzo Kirchner trabajó para sumar a los piqueteros a su “proyecto”: había que domesticarlos. La mano de obra que suponen es lícita sólo cuando el Gobierno la necesita, como ocurrió con la toma de estaciones de servicio el 10/03/2005. Recordemos que esa toma fue apuntalada por el ministro de Planificación, Julio De Vido, y “Guardianes de la democracia”, una agrupación nacionalista, católica y conservadora, que él mismo creó.

Pagando estamos

En 1989 Néstor Kirchner era gobernador de Santa Cruz. Consiguió el sueño del pibe: que el Gobierno nacional creara una ley para que todos los argentinos aportaran a su provincia hasta tanto ésta pudiera conectarse con la red de energía eléctrica nacional, Sistema Argentino de Interconexión (SADI). También Misiones estaba en esa encrucijada, y nació la Ley 23.681 por el cual se aporta el 6 ‰ de cada factura de la luz a estas provincias. Misiones se conectó con la red en 1996, y dejó de percibir el aporte coercitivo del resto del país. Santa Cruz, que en estos 12 años lleva embolsados 472 millones de pesos, y de los cuales Kirchner administró, como gobernador, 312, sigue sin conectarse. Es decir: sigue percibiendo anualmente 28 millones de pesos (fijados desde 2005, como “tope”, en 35 millones). En cada factura aparece la discriminación de esta Ley y cuánto le aporta cada medidor.

La pregunta del millón es porqué Santa Cruz no hizo en 12 años una obra que Misiones realizó en 7. La respuesta, suspicaz, es que a Santa Cruz (léase “Pingüino” y “Santa Cristina”, en lenguaje vernáculo de caudillos) le interesa seguir embolsando el dinero de los argentinos.

Hay un agravante: en Santa Cruz la electricidad sigue siendo la más cara del país, y aunque la obra se realice en 2008, como sugiere ahora el gobierno, el decreto 1378 firmado por De La Rúa y Caballo en 2001 asegura que «la vigencia del impuesto puede extenderse hasta que se cubra el costo de inversión. Es decir que, si Santa Cruz continúa recibiendo los 35 millones de pesos que el resto de las provincias le gira en la actualidad, el Estado conseguirá recuperar los 380 millones que demandará la interconexión recién dentro de una década» (Todos los argentinos siguen pagando una obra que Santa Cruz nunca hizo. Perfil, 30/07/06, p. 03). ¿La provincia no recibió, sin embargo, 472 millones desde 1989? Sí, pero el dinero “desapareció”, pues el gobierno sólo pudo justificar el 09 % de esos recursos... y en obras no contempladas en la Ley 23.681.

Cabe recordar, además, el dinero que Kirchner, como gobernador, depositó fuera de la provincia, y que pese a haber manifestado en la campaña política que repatriaría los fondos, siguen a buen recaudo en Suiza. Si Kirchner no regresa el dinero es porque no confía en los bancos argentinos. ¿Cómo puede ser creíble un Presidente que ni siquiera confía en su propia administración? Mientras por un lado el Gobierno critica a quienes tienen el dinero fuera del país y no colaboran con el crecimiento, el mismo Presidente mantiene sus reservas fuera.

La respuesta de Kirchner es gritar y enojarse, apuntar a la prensa como responsable de los problemas del país, hacer el ridículo en La Haya (a sabiendas de cómo sería el fallo, pues sólo se buscó desbloquear el conflicto con los piqueteros ambientalistas de Gualeguaychú), “patear para adelante”, como se dice vulgarmente, los entuertos. En algún momento, sin embargo, habrá que cambiar guapeza por seriedad, y asumir las responsabilidades que la investidura demanda.

© Carlos O. Antognazzi

Escritor.

Santo Tomé, agosto de 2006.

Publicado en el mensuario "El Santotomesino" Nº 100 (Santo Tomé, Santa Fe), de setiembre de 2006. Publicado en el mensuario “El Tábano” Nº 3 (Rafaela, Santa Fe), de setiembre de 2006. Copyright: Carlos O. Antognazzi, 2006.

Este artículo tiene © del autor.

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