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Este sábado a las 8:00 am en Pereira, Gobernador de Risaralda prometió reunirse con Autoridades Indígenas de Risaralda y Chocó

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Fotografía: Juan Pablo Gutiérrez / ComunicaONIC

Cuatro soldados del Ejército Nacional serán entregados a la Defensoría del Pueblo por autoridades y Guardia Indígena. Más indígenas se unen a los cinco mil que se mantienen en pie de lucha por el derecho a la educación diferencial.

“En el marco del Derecho Mayor y Propio, usos y costumbres tradicionales, la Guardía Indígena y las autoridades del Consejo Regional de Risaralda – CRIR, entregarán a la Defensoría del Pueblo, a cuatro soldados que mantienen en proceso de armonización, en su función de control, protección territorial y seguridad colectiva, una vez que la Guardia Indígena los identificara vestidos de civil con documentos como miembros del Ejército Nacional”, así lo dio a conocer el Consejero Mayor del CRIR – Rodrigo Nacavera, quien a su vez manifestó que “serán entregados a la Defensoría del Pueblo, así como le entregaron a cuatros policías a la Personería de Pueblo Rico”.

Ante la exigibilidad y acción colectiva del Pueblo Embera, el Gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar Osorio, se comprometió concertar con las autoridades indígenas este sábado 16 de abril del 2016, a las 8:00 de la mañana, en Pereira, a fin de satisfacer las justas exigencias de las comunidades del pueblo Embera Chamí y Katio de Risaralda, y del Alto Andágueda, Chocó.

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Fotografía: Juan Pablo Gutiérrez / ComunicaONIC

La Autoridad Indígena Nacavera, también recalcó que en la mañana de hoy concertaron con el Defensor del Pueblo de Risaralda, Fredy Plaza, que “los más de cinco mil indígenas no abandonarán el sitio de concentración hasta que con el Gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar Osorio, lleguen al cumplimiento de acuerdos para garantizar la atención educativa en sus comunidades. Y que los miembros de ESMAD no actuarán en contra de la movilización”.

El pueblo Embera agrupados al Consejero Regional Indígena de Risaralda – CRIR, y del Alto Andágueda, Chocó, nos vimos en la necesidad de unirnos y recurrir a esta medida extrema debido a que “la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda y Chocó, no han concertado ni suscrito el convenio para garantizar la atención educativa en nuestras comunidades indígenas de conformidad con la Constitución, la Ley 21 de 1991 y el Decreto 2500 de 2010”, hasta el punto en lo que vamos del 2016 “No se ha contratado los docentes y personal administrativo que se requieren para garantizar el derecho fundamental a la educación”.

La fuerza de más de 5 mil indígenas Embera Chamí y Katio que desde este jueves decidieron concentrarse en la única vía que une los departamentos de Risaralda y Chocó, se aviva cada vez más al sentir el respaldo de otras comunidades que unen en el puente La Unión (Bacorí), jurisdicción del Municipio de Pueblo Rico, Risaralda.

Contacto:

Rodrigo Nacavera 3194044530 – Consejero Mayor del CRIR.

Alberto Wazorna 3146408787 Consejero de Territorio ONIC.

ComunicaONIC:

Juan Pablo Gutiérrez 32147174053182174569.

A continuación la motivación y los requerimientos para levantar la movilización pacífica:

CONSIDERANDO

1. Que a pesar del reconocimiento constitucional de nuestro derecho fundamental a la existencia como pueblos, hasta la fecha el Estado colombiano no garantiza nuestra pervivencia y derechos fundamentales a una educación que dinamice y fortalezca nuestra identidad cultural, al reconocimiento y protección de nuestros derechos territoriales ancestrales, a un sistema de salud diferencial que responda a nuestras particularidades y a la consulta previa.

2. Que la educación para los pueblos indígenas es de carácter integral, por lo tanto está articulada al territorio, la salud y la consulta previa, de conformidad con el convenio 169 de la OIT, adoptado por Colombia mediante la ley 21 de 1991, la ley 115 de 1994, el decreto 804 de 1995, el decreto 2500 de 2010 y el decreto 1953 de 2014.

3. Que nos encontramos en riesgo de desaparición natural, física, y cultural, como consecuencia del conflicto armado, el restringido acceso a los servicios del Estado en salud, alimentación y educación, como lo documento el auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional.

4. Que existe una desmedida intervención en los territorios indígenas mediante megaproyectos que asesinan la madre tierra, desplazan a nuestras comunidades, lo cual se ve agravado por el desconocimiento de los derechos territoriales ancestrales de nuestro pueblo.

5. Que en nuestras comunidades existen altos índices de mortalidad infantil por desnutrición y desplazamiento.

Por lo expuesto se solicita del Gobierno departamental y nacional lo siguiente:

PRIMERO: Se garantice el derecho fundamental a una Educación que dinamice y fortalezca la identidad cultural de nuestro pueblo Indígena Embera Chami y Embera Katio, como consecuencia, se preste el servicio educativo de manera diferencial con pertinencia cuantitativa y cualitativa como lo exige el decreto 2500 de 2010 y el decreto 195 3 de 2014.

SEGUNDO: Se garantice los derechos fundamentales a la salud y la vida de los Integrantes de nuestro pueblo indígena, a través de la construcción y dotación de puestos de salud, así como la provisión del personal médico y de salud diferencial en cada uno de nuestras comunidades que permitan el acceso material a la salud y pervivencia física de nuestro pueblo.

TERCERO: Se garantice el derecho Humano a la alimentación con enfoque diferencial de los niños y niñas indígenas EMBERA KATIO Y EMBERA CHAMI, a través de la cobertura total de los estudiantes indígenas de primaria, Básica y Media, con el Programa de Alimentación Escolar PAE.

CUARTO: Se reconozca y creen mediante actos administrativos las Instituciones indígenas que prestan el servicio educativo en Marsella y pueblo Rico, las cuales son Centro Educativo WAA′RANA DEE DEL RESGUARDO DE SURATENA en el Municipio de Suratena con 2 sedes y trescientos estudiantes de cero a noveno, así como, en el Resguardo de Jito Docabu.

QUINTO: Se construya la infraestructura educativa con enfoque diferencial necesaria para las diferentes Instituciones Indígenas y se garantice el trasporte escolar.

SEXTO: Se proceda a nombrar en propiedad los docentes etno-educadores que se encuentran en provisionalidad en nuestros territorios indígenas. Se concedan las licencias o comisiones de docentes indígenas para que ejerzan como líderes o los roles que las comunidades les designen.

SÉPTIMO: Fortalecer el programa de semillas de Vida (Primaria infancia) en los territorios indígenas.

OCTAVO: Formular, ejecutar y financiar programas y proyecto que fortalezcan la participación de la mujer indígena en los procesos políticos, sociales y económicos en el departamento e Risaralda

NOVENO: Se garantice nuestros derechos territoriales para la pervivencia física y cultural de nuestros pueblos, a través del reconocimiento, ampliación y saneamiento de los Resguardos o territorios en los que ancestralmente hemos ejercido nuestros derechos.

DÉCIMO: Se construyan acueductos para garantizar agua potable a todas las comunidades indígenas.

DÉCIMO PRIMERO: Garantizar la electrificación de las comunidades del Alto Andágueda, en el departamento del choco y de las comunidades del Departamento de Risaralda que así lo requieran.

DÉCIMO SEGUNDO: Se cree mediante acto administrativo la mesa técnica departamental de concertación de las políticas públicas con los pueblos indígenas. Por último, Manifestamos que todos los hechos que ocurran en el legítimo derecho a la movilización que ejercemos las comunidades indígenas, serán responsabilidad del gobierno departamental y nacional, por su negligencia en la garantía de nuestros derechos fundamentales colectivos en el departamento de Risaralda y Choco.

Ver en línea : http://cms.onic.org.co/2016/04/este...

Este artículo tiene © del autor.

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