La impunidad en el país es casi absoluta

(Informe de la Relatora Victoria Tauli, párf. 64)

El 12 de agosto de 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación de 20 personas acusadas de cometer, el 22 de diciembre de 1997, la Masacre de 45 personas más cuatro aún no nacidas en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas.1 Con esta acción, el Estado mexicano aseguró la impunidad de este crimen de lesa humanidad y protegió a los paramilitares que regresaron a las comunidades a generar nuevas violaciones a derechos humanos.

La Masacre fue llevada a cabo por un grupo paramilitar creado con la implementación de la estrategia contrainsurgente, con el objetivo de acabar con el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Tácticas basadas en el documento denominado: “Plan de Campaña Chiapas 94”, diseñado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en 1994 y que inició su ejecución a partir de 1995.2

En su reciente Informe3 sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó: “desmantelar, desarmar y sancionar a grupos paramilitares que cometen violaciones de derechos humanos en las regiones indígenas.” En su visita a la comunidad de Candelaria, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el 14 de noviembre de 2017, la Relatora se reunió con sobrevivientes y familiares de víctimas de la masacre de Acteal, en su mayoría mujeres, quienes persisten en la lucha por la justicia.

La impunidad en la Masacre de Acteal ha permitido en la actualidad la acción de grupos civiles armados que actúan con el aliento de servidores públicos, con su consentimiento expreso o tácito y por el incumplimiento del deber de garantía por parte del Estado. Un ejemplo es la situación entre los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán provocado por las autoridades agrarias. Las agresiones de grupos civiles armados ocasionaron el desplazamiento forzado de más de 5000 personas y generaron una grave crisis humanitaria.

A 21 años de la Masacre de Acteal y a 9 años de la liberación de los paramilitares continúa la falta de acceso a la justicia y la negación de la verdad histórica por parte del Estado mexicano. Es urgente la creación de un mecanismo eficaz que contribuya a la Memoria, Verdad, Justicia, Reparación y garantías de No repetición, que investigue y sancione a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos no sólo por agentes policiales y militares sino por grupos civiles armados.

Saludamos la acción pacifica no violenta que realizaron los jóvenes de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal a través del encuentro “Celebrando el poder de la Resistencia, Verdad, Memoria, Esperanza y Justicia” quienes de este modo denuncian la impunidad y festejan la organización: conviviendo, jugando, cantando, tocando sus instrumentos musicales y bailando.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. México

A 12 agosto de 2018.

Boletín No. 18