Durante la hegemonía socialista el diálogo social o existió tímidamente (recordemos el acuerdo interconfederal en 1983, y también la firma del AES en octubre de 1984) o no existió, y para ello baste recordar la convocatoria de huelga general del 14 de Diciembre de 1988, y también la convocatoria de una media jornada de huelga general del 28 de mayo de 1992.

Todo este clima de desavenencias entre el gobierno de la nación y los sindicatos parece tener como causas fundamentales, por una parte la no aceptación por estos últimos de una política económica neoliberal desarrollada por el Gobierno.

Así, la insistencia del Ejecutivo en un crecimiento moderado de los salarios es vista como un síntoma de abandono de las señas de identidad de la socialdemocracia.

En segundo lugar, también cabe hacer alusión al deterioro de las relaciones personales entre el núcleo dirigente de UGT y el sector económico del Gobierno.

En último lugar, una escasa voluntad de negociar con el gobierno, en ocasiones justificada por la insuficiencia de las ofertas presentadas por este; pero en otras simplemente por haberse encerrado en el círculo de la confrontación sin acuerdo, tal y como ocurrió con el rechazo de plano al Decreto - Ley de Medidas Adicionales de carácter social de marzo de 1989.

Pero, en la actualidad y a la vista de los recientes comicios electorales, esta situación puede cambiar considerablemente.
Así la clave para el desarrollo de una política eficaz, en una situación de crisis como la que atraviesa este país, pasa necesariamente por un pacto social.

Durante la última legislatura, el clima de confrontación entre los interlocutores sociales y el Gobierno ha sido tan generalizada y palpable que el entendimiento siendo a priori difícil de conseguir debido a unos intereses evidentemente contrapuestos, llego a convertirse en imposible. Si bien en esta legislatura que esta a punto de comenzar determinados cambios como la pérdida de la mayoría absoluta del PSOE y la aplicación de nuevas medidas económicas que corrijan este desbalance, así como la necesaria implantación de una política mucho más consensuada que la ejercida en la última legislatura, permiten augurar que los sindicatos tienen motivos suficientes para abandonar esa dinámica de confrontación y aprovechar una situación coyunturalmente distinta para llevar a cabo su política; desde el acuerdo y no desde la intransigencia; desde la voluntad de moderar sus posiciones y no de realizar una política de negación sistemática a propuestas negociables y convertibles en acuerdos satisfactorios para todas las partes.

El PSOE, es consciente que  una buena política de concertación social permitirá una mayor estabilidad a un gobierno  con una mayoría amplia, pero no suficiente, que quizá lo hubiera sido, precisamente con un mayor acercamiento, una mayor proximidad, sin concesiones desmedidas, a estos entes sindicales, a través de los cuales se puede conseguir reforzar una política económica- social muy deteriorada.

Problemas tan graves como el incremento de la tasa de desempleo, los procesos de reconversión y reindustrialización de determinados sectores productivos y la necesaria reforma del sistema contractual del mercado de trabajo, ya han sido recogidos en los programas electorales de  numerosos partidos políticos entre ellos el PSOE, en forma de propuestas y soluciones, lo que contribuye a generar una clara convergencia en temas de esta naturaleza entre  el Gobierno y los agentes sociales.