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GUANTES BLANCOS

Ensayo sobre la Corrupción en Neuquén, Argentina

Gustavo A. Vaca Narvaja

Argentina



Guantes Blancos


Gustavo Vaca Narvaja


NARVAJA
EDITOR

 La publicación de este libro no tiene fines de
lucro. El producto de su venta será destinado a solventar parte de la 2da. tirada.


Queda hecho el depósito
que marca la Ley 11.723
I.S.B.N.:

Diseño de tapa: 
Corrección: Marcos Kantor


Agradecimientos

 A mis compañeros Diputados Felipistas, mi más sincero reconocimiento por su colaboración para hacer realidad esta publicación.
 
 A la Fundación Andino-Patagónica, por su aporte para la concreción del libro.

 A Marcos Kantor, corrector paciente, prolijo y detallista; incansable para depurar errores y ordenar ideas.

 A la Justicia Provincial, quien tiene la última palabra sobre cada capítulo.


INTRODUCCIÓN


 Durante los cuatro años de gestión, el gobierno blanco publicitó a fuego la Transparencia, la Honestidad y la Eficacia de sus actos. La campaña publicitaria fue elaborada con inteligencia y desplegada con inquebrantable constancia. Se dispuso de todo el dinero necesario para que cada acción de gobierno se tornase en una suerte de transparente y gran ceremonia, orientada a educar política y moralmente a la opinión pública. Recordemos las moralizantes derivaciones de Sobisch a la Justicia respecto a irregularidades que a él mismo lo comprometían. Mediante altas dosis de ética discursiva, cualquier estado de sospecha recibía una instantánea, contundente, “blanca” purificación.
 Sin embargo, y a pesar de tanto dinero y esfuerzo, no lograron evitar que el cristal de la transparencia se empañe con el tiempo. En los primeros siete meses de 1.996, las banderas de la Transparencia y la Honradez que otrora flameaban en la mayoría de las dependencias públicas, terminaron convertidas en folios de expedientes judiciales. Al mes de septiembre había alrededor 240 denuncias penales en danza inundando los despachos de las Fiscalías y de los Juzgados.
 Felipe Sapag asumió una Provincia arrasada en lo productivo, quebrada financieramente y profundamente conflictuada en lo social. Mientras que en el 91 el índice de desempleo era del 6,4 por ciento, a fines del 95 trepaba hasta el 18 por ciento. Casi 10.000 ciudadanos eran asistidos por la Ley 2128 y un déficit de más de 160 millones para el 96 debía ser compensados con duros decretos de reducción de salarios. Al vaciamiento del Tesoro se sumaban deudas millonarias, un Banco diezmado económica y administrativamente, la Caja Previsional deficitaria y un Instituto de Seguridad Social en crisis.
 Pero además de esta concreta realidad económica y social, el Gobierno se vio en la necesidad de desenmascarar la imagen dibujada hábilmente por la gestión anterior. A la descalificación de los datos aportados el 11 de diciembre del 95 por la Tesorería General de la Provincia le siguió el cuestionamiento al Informe de Ricardo López Murphy, y, finalmente, a los resultados presentados por la Auditoría General de la Nación. El grado de distorsión en la percepción de las cosas y la negación de la realidad instalada por el equipo de Sobisch, determinó que los neuquinos habitásemos dos provincias distintas: aquella que nos dejaban las autoridades salientes, rozagante en proyectos y con plata guardada, y la provincia que traía la nueva administración, con números y datos de un diagnóstico devastador. Antes de asumir, Felipe había entregado a la totalidad de los partidos políticos y organizaciones gremiales dicho diagnóstico del estado de la situación. Pero por conveniencia política o irresponsabilidad pública, ni con las cifras en mano la dirigencia en su conjunto le creyó.
 De tal forma, Felipe Sapag debió soportar durante estos meses de gobierno el índice de impopularidad más grande de su historia política. Todo el peso de las medidas económicas tomadas fue descargado sobre sus hombros. Sólo gracias a su cintura, fortaleza y experiencia pudo controlar el profundo deterioro de este primer semestre, incluyendo los explosivos focos conflictivos por todos conocidos, algunos aún vigentes. Poco a poco, sus desvelos y también nuestros esfuerzos van cobrando dimensión y sentido en este difícil camino que, a su vez, soporta las duras imposiciones del gobierno nacional.

 Los contenidos de este libro son también acciones concretas en dicho camino. Si bien difícilmente recuperemos los recursos “presuntamente” dilapidados o robados, y si bien un texto no resuelve el hambre ni los padecimientos inmediatos de los más necesitados, tengo la absoluta convicción de que el conjunto de las denuncias aquí presentadas y la pronta expedición de la Justicia, contribuirán también a mejorar la calidad de vida de la sociedad neuquina.
 Las irregularidades cometidas desde las Subsecretarías de Deporte, Cultura y Desarrollo Humano, las contrataciones para obra pública de la Secretaría de Educación, los negociados realizados desde el Banco Provincia y del Ente Provincial de Energía del Neuquén, las privatizaciones de Casinos y de la empresa aeronáutica neuquina TAN-TANSE-TANSA, el manejo de los créditos del Fondo de Desarrollo Provincial, etc., fueron la expresión de una metodología de administración que no puede quedar impune.

 Los que hemos investigado y presentado denuncias penales, sabemos por experiencia que, muchas veces, aquello que se imputa y juzga es sólo la punta visible de un gran nudo delictivo difícil de probar y aún ver. A su vez, cada ilícito está sostenido por la naturalización de un estado de cosas, por la costumbre de los funcionarios a manejarse con ‘legítima’ impunidad. De alguna manera, este libro pretende contribuir a invertir dicha “costumbre” en otra de signo opuesto: la de la salud cívica. Esto es, promover que la ciudadanía asuma un rol más activo, más protagónico en el ejercicio del control sobre las instituciones y sus funcionarios; estimular el sano, responsable y compro- metido hábito de la denuncia de quienes nos roban. En definitiva, “desnaturalizar” la práctica de la impunidad y la corrupción. 


10 DE DICIEMBRE DE 1.995


- Marco financiero.

 La primera disyuntiva a horas de asumir consistió en cómo desembolsar 101,2 millones de pesos para el pago de sueldos, aguinaldos y subsidios a desocupados con una disponibilidad financiera nula. A manera de despedida y en un acto de patética revancha, pocos días antes Lara había comprometido al Tesoro Provincial por un monto de 13.515.417 pesos con la firma del Convenio II de Viviendas. El mismo 10 de diciembre sacó 8.906.984 pesos para beneficiar a los contratistas de dichas obras, con anticipos sin respaldo legal. Está demás decir que esos casi 9 millones habrían asegurado la liquidación en tiempo de, al menos, los sueldos de diciembre.  
 Los 278 millones de las “joyas de la abuela” que las autoridades salientes hacían figurar como en caja, correspondían a acciones hidroeléctricas y de YPF a su valor nominal, no a su valor real de venta. El precio de venta real de las famosas acciones oscilaba entre el 20 y el 30 por ciento de su valor nominal. Y a esta ‘pequeña diferencia’ de valor debíamos sumar otra probable depreciación por la falta efectiva de interesados. Y por si no era suficiente el dibujo ficticio de caja, tres días antes, el 7 de diciembre, de hecho ya habíamos perdido las acciones de YPF: constituían la garantía de cumplimiento de un préstamo de 55,3 millones que había vencido. Lo único que realmente dejaron en la Tesorería General de la Provincia fue un saldo en descubierto de 12,8 millones de pesos y un endeudamiento neto exigible y sin cobertura de 68,4 millones de pesos. 
 En otro orden de obligaciones, el gobierno entrante debía afrontar 20 millones más por juicios contra la Provincia, un desembolso de 25 millones para recursos administrativos y judiciales en trámite en el Instituto Provincial de la Vivienda y 12 millones que se sustanciaban en la Corte Suprema de la Nación. Si se contemplaba el aporte prometido de 100 millones para la construcción de la planta de fertilizantes en Cutral Có, totalizábamos 157 millones de pesos más en otros compromisos y obligaciones.
 Por su parte, el déficit presupuestario de 1.995 ascendía a 181,9 millones, entre recursos corrientes y gastos corrientes. Esto es, un cáncer con metástasis que mensualmente consumía 15,16 millones de pesos generando un déficit insostenible.

 Es así como la deuda total acumulada de la Provincia había trepado hasta alcanzar los 450,7 millones de pesos, determinando un profundo estado de caos financiero y emergencia administrativa. Tengamos en cuenta, además, el efecto multiplicador sobre los organismos del Estado a partir del colapso infringido al Tesoro. La Provincia debía también importantes montos al Banco de la Provincia (BPN), al Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN) y al Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), lo cual convertía a éstos en organismos cautivos.
 En el marco de este fenomenal endeudamiento a corto y mediano plazo, y tras la ausencia de toma de previsiones mínimas por parte de las autoridades salientes para el pago de sueldos y aguinaldos, el gobierno se vio obligado a reprogramar los mismos, así como los 2,5 millones de pesos comprometidos a los desocupados. También debió suspender las cancelaciones y desembolsos a proveedores y contratistas y, posteriormente, posponer el pago de sueldos de enero.


- Banco de la Provincia del Neuquén (B.P.N.).
 
 La situación del Banco era directamente desesperante. La Provincia había retirado fondos y depósitos de la institución bancaria para hacer frente a sus erogaciones corrientes. Debía al Banco 86 millones, y, por otro lado, había corroído aún más su solvencia cancelando deudas mediante hipotecas a largo plazo y títulos a 6 años (TIPRE) por un valor de 30 millones de pesos.
 En 1.991 el Banco presentaba un patrimonio neto de 62 millones y una rentabilidad positiva que la falta de elementales previsiones terminó por licuar. Gracias a los desaciertos de los niveles directivos, acumuló a junio del 95 cargos por deudas incobrables que totalizaban 104 millones de pesos y de éstos, quebrantos por 64 millones de pesos. Lo curioso de dicho desmanejo es que se inscribía en una política de aumento desmesurado de montos en el otorgamiento de préstamos (de 75,8 millones en septiembre/91 a 377 millones en junio/95), mientras paralelamente, disminuía la participación del Banco en el mercado de préstamos provincial (del 60 % en el 91 al 43,13 % en el 95, sin incluir al Banco Hipotecario Nacional) y se reducía su captación de depósitos del sector privado (del 65 % en el 91 al 41,50 % en el 95).
 A pesar de esta realidad caótica, contradictoria y constrictiva, la dirigencia del BPN llevó a cabo otras acciones absolutamente paradójicas: aumentó los gastos administrativos y dejó que la venta de servicios -recurso natural para hacer frente a los gastos de administración- cayera un 29 por ciento. Asimismo, aumentó las erogaciones mensuales por personal. Entre el 91 y el 95 crecieron 570.000 pesos mensuales como consecuencia de elevar el costo mensual por empleado, de 1.560 pesos en septiembre del 91 a 2.416 pesos en noviembre del 95. Y en relación a la productividad de los servicios informáticos, la misma cayó sensiblemente a causa de un equipamiento tecnológicamente obsoleto. 

- Instituto de Seguridad Social del Neuquén  (I.S.S.N.)
 
 Al igual que sucediera con el Banco Provincia, la capacidad de maniobra del Instituto de Seguridad Social del Neuquén fue erosionada por créditos a su favor adeudados por la Provincia. Entre la administración central, varios municipios y entes descen-tralizados, le debían al ISSN un monto del orden de los 50 millones de pesos.
 También en este caso se incrementó el gasto por personal, con 495.000 pesos mensuales más que en el 91. Siendo el costo promedio por empleado muy inferior a la media del Banco (1.000 pesos por agente), el desfasaje respondió a un incremento de 131 agentes en la planta de personal, esto es, un 34 por ciento más que en 1.991.
 Paralelamente, el ISSN soportaba un déficit de 800.000 pesos mensuales por diferencia entre los ingresos previsionales y las erogaciones por pasividades (970 jubilaciones anticipadas y 1.000 retiros voluntarios), y un incremento del nivel de gastos del sistema asistencial, respecto a 1.991, del orden del 182,74 por ciento.
 Asimismo, el nivel de operatividad administrativa presentaba un cuadro de alarmante retraso. Pero, paradójicamente, los directivos invertían 700.000 pesos en la adquisición de la Hostería “Ruca Malen”, programaban la compra de un hotel en Capital Federal a un costo de 17 millones y pretendían contratar, sin estudios previos que justificasen su implementación, un sistema de comunicaciones por el cual había que abonar 4 millones de pesos.


- Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (I.P.V.U.)

 Tal como los dos casos anteriores, la Provincia también debía dinero al Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo como parte de los Convenios de obras de Viviendas I y II firmados entre Pujante y el Instituto. El estado bancario arrojaba un saldo negativo de 2.289.527 pesos, y entre deudas a contratistas y el compromiso de amortización de la deuda con el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el IPVU afrontaba cancelaciones por 6.134.000 dólares (a saldar entre diciembre/95 y agosto/96). A su vez y a pesar de las deudas, 30 días antes de las elecciones, Lara comprometió más recursos -en un delirio de prepotencia- para la construcción de 580 viviendas por un monto de nada menos que 16.216.496 pesos (Convenio I, Decreto Nº 1.880 del 27/9/95). Y por si fuera poco, a escasos días de asumir el nuevo gobierno, Lara aumentó los compromisos en 13.515.417 pesos más, mediante el Convenio II (Decreto Nº 681 del 05/12/95. La suma de ambos Convenios representan casi 30 millones de pesos. Tal como señalamos anteriormente, el mismo día de la asunción, el 10 de diciembre del 95, Lara -¿con o sin mala fe?- desembolsó 8.906.984 de los mismos para pagar anticipos de obras sin respaldo legal. Está demás decir que con esos casi 9 millones de pesos se podría haber asegurado la liquidación en tiempo de sueldos de diciembre o el pago de parte de la deuda documentada.


EL INFORME DE
RICARDO LÓPEZ MURPHY

- Marzo 1.996 -


“Esta provincia se encuentra en virtual colapso con un déficit de 202 millones de dólares anuales (sin contabilizar la emisión de los TIPRE que afectan al capital del Banco Provincia). Pienso que esta provincia debe recortar para el año 96 el ideal de 180 millones de dólares, por lo que las medidas adoptadas hasta ahora (decretos del P. E., marzo del 96) aún son insuficientes.” (R. L. Murphy)

 La auditoría económica-financiera encomendada por el gobierno provincial a la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), presidida por el reconocido economista radical Ricardo López Murphy, concluyó con un informe alarmante del estado de situación general. A su vez, proponía implementar medidas más drásticas aún que las tomadas por el gobierno de Felipe. De acuerdo a un principio básico de la economía, mientras las necesidades son potencialmente ilimitadas, los recursos son efectivamente limitados, por lo cual, según López Murphy, dado el cuadro crítico de indisponibilidad de recursos, la provincia debía profundizar aún más el ajuste sobre las necesidades. Categórico, indicó que las medidas adoptadas a ese momento -los decretos del Poder Ejecutivo hasta marzo del 96- eran claramente insuficientes frente al colapso de las cuentas públicas. El explosivo nivel de gasto corriente mensual carecía de cualquier viso de “sostenibilidad”. No sólo por no ajustarse a la estructura de ingresos y arrastrar un déficit mensual de casi 16 millones de dólares, sino también por no estar acompañado de gasto de capital. Además, con ese cuadro no existía ninguna posibilidad real de encontrar financiamiento para el futuro inmediato.
 Para López Murphy el 92 fue un año clave, pero lamentablemente desaprovechado. Por entonces, la provincia consolidó sus ingresos por regalías, se recuperaron ingresos coparticipables, creció la recaudación tributaria y se acordó la compensación de deudas con Nación. Los recursos extraordinarios recibidos en el 93 -alrededor de 800 millones de dólares sobre los 1.200 millones reclamables, según sostenía públicamente Elías Sapag-, no representaron sin embargo mayor inversión real, siendo utilizados, en cambio, para solventar parte de los gastos corrientes y encubrir el déficit presupuestario. Asimismo, el estudio observó que se comprometieron en forma creciente las regalías, renta que se sabe es agotable y que, por lo tanto, debería haber tenido como destino una política de inversiones, al igual que las acreencias de Nación. Para colmo, tales “reasignaciones” no lograron evitar que la deuda pública provincial superase en más de un 50 por ciento a la existente a principios del 91.
 Según López Murphy, el ahorro corriente mostró magnitudes positivas durante el decenio 1.980-1.990. Pero en el 91 comenzó a deteriorarse y entró en colapso a partir del 93. 
 Coincidiendo plenamente con el informe de diciembre del 95 de Felipe, el estudio económico-financiero determinó un endeudamiento neto exigible de 68,4 millones de dólares a fines del 95 y un saldo en descubierto de 12,8 millones de dólares. Por su parte, el saldo del Sistema de Cuentas Unificadas apenas alcanzaba los 19,8 millones. También apuntó la pérdida de las acciones de YPF, con fecha 7 de diciembre, por constituir éstas la garantía de un préstamo de 55,3 millones a la Provincia que había vencido.
 El cuadro sobre ejecución al 31 de diciembre del 95 realizado sobre la información contable de la provincia, daba para las autoridades salientes una cifra deficitaria de 52 millones de dólares. La corrección realizada por el cuerpo técnico de la Fundación determinó una cifra real de 202 millones de dólares que, con la emisión de los TIPRE afectada al capital del Banco Provincia, elevaba el monto a un déficit de 240 millones de dólares para iniciar el año 1.996.

 Veamos algunos otros tópicos abordados en el informe de López Murphy:


- Crecimiento del gasto provincial:

 PERÍODO PROMEDIO ANUAL
1.983-1.991 .......................... $ 439.000.000
1.991-1.995 .......................... $ 813.000.000


- Crecimiento del gasto en personal:

 • El gasto de personal computado a octubre del 95 es 60 por ciento superior al del año 91.
 • Duplica el promedio del período 83-90.
 • Neuquén tiene 74,3 empleados públicos por cada 1.000 habitantes, con un gasto promedio de 1.230 dólares mensuales.


 FECHA PLANTA DE PERSONAL GASTO 31-12-91 26.931 agentes $ 24.153.000
31-10-95 29.340 agentes $ 38.600.000


- Aumento de transferencias a Municipios:

 • A diciembre de 1.995 aumentaron 14 veces en relación al año 1.993, sin que se correspondiesen con una mejora en la recaudación de impuestos y tasas por parte de los municipios.
 • En el período electoral del 95 se condonaron deudas por valor de 48 millones de dólares a los municipios, además de otorgárseles subsidios y anticipos no reintegrables.
 

- Impacto de las jubilaciones anticipadas en Seguridad Social:
 
 Entre 1.993 y 1.995 el sistema de jubilaciones anticipadas incorporó masivamente a 2.400 nuevos jubilados, generando un déficit a la Caja de 700.000 dólares por mes, que sólo puede nivelarse con aumento del aporte o reducción de gastos.

- Aumento del gasto en Pensiones Graciables,
 Deportes y Acción Comunitaria:

 • Las Pensiones Graciables se cuadruplicaron.
 • Los programas de Deportes y Acción
 Comunitaria quintuplicaron el gasto.
 • En los últimos doce meses del 95 se sumó el impacto de los 2,5 millones de dólares por mes destinados a desempleo, a
 partir de la Ley Nº 2128.


 Asimismo, López Murphy marcó la diferencia entre un EPEN que se autofinancia y el EPAS, cuyo gasto es financiado por el Estado en un 70 por ciento. También consideró el crecimiento del gasto de Salud -del orden del 54 por ciento respecto a diciembre del 91-, sin que los indicadores sanitarios reflejen mejoría en igual proporción.


 La mayoría de los partidos políticos y las fuerzas gremiales no asumieron en su momento la gravedad real de este cuadro económico. Según López Murphy, y en concordancia con las medidas adoptadas hasta entonces por el gobierno, los mecanismos para corregir el déficit eran los siguientes:

- Reducción del 50 por ciento de la “zona
 desfavorable”.
- Eliminación de compensaciones y adicionales.
- Eliminación de horas extras.
- Congelamiento de la antigüedad.
- Modificación del pago por licencia de los docentes.
- Limitación en las asignaciones a autoridades
 políticas.
- Suspensión de anticipos de coparticipación a
 municipios.

 Con dichas reducciones el gobierno podría ahorrar 125 millones de dólares al año, suma que, según López Murphy, no alcanzaba. De tal manera, propuso además:

- Reducción de los gastos en bienes.
- Reducción en las transferencias a los municipios.
- Asegurar las acreencias de deudas nacionales.
- Reducción de la obra pública.
- Contención de la planta de personal.
- Mejoramiento de los ingresos tributarios.
- Aprovechamiento de las posibilidades de
 incremento de las regalías.
- Saneamiento de las empresas del Estado.

 El informe económico-financiero indicaba que el ajuste a corto plazo tiene por objeto balancear las cuentas e impedir un desajuste patrimonial. Proponía también generar un presupuesto plurianual, en el cual se reconstituya la acumulación de ahorro corriente a niveles compatibles con la historia fiscal de la provincia.

 A junio del 96, las autoridades salientes -algunas ya indagadas por la justicia- seguían jurando que habían dejado en caja más de 300 millones de dólares correspondientes a las “joyas de la abuela”. Tal como fuera analizado por el gobierno entrante, R. López Murphy confirmó la tergiversación de la lectura y del valor asignado al recurso.


SUBSECRETARÍA DE CULTURA

Las “obras” del Plan Cultural. 


 En un día agobiante del mes de enero de 1.996, recibí de manos de un amigo el Decreto Nº 140/95 del “Plan Cultural Provincial” de la Subsecretaría de Cultura. Sin mayor interés, preocupado por otras cosas, lo guardé en el maletín prometiendo estudiarlo a la noche. Por entonces, todos estábamos demasiado concentrados en el tratamiento de la controvertida Ley de Emergencia enviada por el Poder Ejecutivo, así como enlacatarata de deudas que brotaban desde todos los rincones de la Administración. No había dinero en caja ni margen de maniobra en la estructura financiera provincial. La crudeza de la realidad del estado de cuentas y las ataduras de los compromisos asumidos por Sobisch y su gente, desvelaban al equipo económico. A su vez, muchos eran los que, en un intento de tergiversación del informe económico de diciembre del 95 realizado por Felipe, aducían manejos políticos -vulgares muletillas de orden especulativo- y exageración del viejo zorro y sus seguidores.
 Esa noche, con la ilusión de aplacar la voracidad y el zumbido nervioso de los mosquitos, cené casi en oscuridad. No tenía ni idea de la significación premonitoria de la escena. Con cierto desgano, abrí el maletín y comencé a leer el Decreto, como para cumplir con el pedido de mi amigo. De golpe dejé de escuchar los mosquitos alrededor y pasé a sentir el zumbido dentro mío. Las cifras me impactaron: 1.400.000 pesos a cuenta abierta, sin límites, de los cuales gastaron 1.042.000 pesos en un Proyecto Cultural Provincial curiosamente instalado en el año electoral por excelencia. Anexo a éste, otro decreto que disponía el reparto de 360.000 pesos a presuntas bibliotecas del interior, a razón de 30.000 pesos cada una. Casi 2 millones de pesos que requerían un análisis pormenorizado como parte de nuestro compromiso político.
 El Decreto Nº 140 del 19 de enero de 1.995 firmado por Brollo, facultaba en su artículo 3º a la Sra. Subsecretaria Hilda López a “disponer la forma de ejecución y la localización del Plan Cultural Provincial”. Asimismo, en su anexo, se aprobaba la contratación de los recursos humanos, materiales y las adquisiciones, todo en forma directa y por vía de excepción. Comprendía las contrataciones para teatro, danza y música; establecer asistencias técnicas y becas artísticas; pago de pasajes y viáticos para artistas, capacitación nacional y hasta en el extranjero; contratación de audios, equipos de iluminación y equipamiento para refrigerio; promoción de películas, videos y obras de artistas locales; adquisición de instrumentos musicales. Y, finalmente, adquisición de materiales de construcción para la refacción de museos o bibliotecas; combustibles, lubricantes y otras menudeces de libre elección y fortuna. En definitiva, un Decreto soñado, sin limitantes para la plena satisfacción de los mejores y peores ‘necesidades’.
 Con el grupo denominado “los intocables”, nos dirigimos a los viejos edificios de la Estación de Trenes adaptados para oficinas públicas. Traspusimos las gigantescas puertas raídas y desteñidas, siendo preanunciados por el crujido de los pisos de madera al caminar. Luego de las presentaciones protocolares, explicamos a la Subsecretaria Luz Font los interrogantes del caso y la intención de iniciar en forma inmediata las investigaciones. Comenzaron a acercarnos uno a uno los expedientes. Asombro, perplejidad. Tras el mutismo, la indignación, y unas cuantas irrefre- nables e irreproducibles exclamaciones. La desprolijidad administrativa se mezclaba con elocuentes y torpes evidencias: firmas, fechas y contenido de documentos adulterados, duplicación de facturas y duplicación de pagos, viáticos “truchos”, asistencias técnicas fantasmas o absurdas; miles de ladrillos, cientos de bolsas de cemento, cal y hierro como para edificar lo único que les faltó: un soberbio monolito al triunfo de la corrupción; horas/hombre de soldadura para encapsular la Provincia y enormes movimientos de tierras que ¿incomprensiblemente? van y vienen.
 Estábamos frente a una nueva bolsa de irregularidades y comisiones de delito que se iniciaban con la desaparición del Expediente Nro. 2153-033-95 -expediente cabecera o madre, burdamente ‘retirado’ como veremos más adelante-. Al frente, tres personeros: la Sra. Hilda López como máxima responsable del proyecto, Contador Darío Oscar Encina como Director de Administración y Abel Orlando Di Luca como Director General Ejecutivo. Tres personajes que, con el manejo directo de un presupuesto de 1.400.000 pesos recibido desde Tesorería General, estampaban sus firmas sin remilgos en cada boleta, factura o nota de pago. Por detrás, el cuarto responsable, el jefe: el Ministro In-Contador Lara, como diría Diorio.
 Fue realmente increíble el poder germinativo de las tríadas y los cuartetazos durante el gobierno sobischista. Además de éste caso, recordemos por ejemplo el cuarteto Lara-Manganaro-Molia-Pujante. 


La denuncia.


 El 12 de febrero del 96 presenté la denuncia formal ante el Fiscal de turno Mario Rodríguez Gómez, de la Fiscalía Nº 5, para que se investiguen los hechos, actos y omisiones llevados a cabo por Hilda López, Darío Oscar Encina y Abel Orlando Di Luca. Hasta entonces, se habían constatado las siguientes irregularidades:

- Ejecución de obras en el Paseo de los Artesanos:

 1- Manifiesta desproporción entre las cantidades de materiales adquiridos y las cantidades empleadas para la construcción de la obra. A su vez, se desconocía el destino dado a los materiales excedentes. 
• La Subsecretaría compró a la firma Panozzo y Cía. S.R.L. 830 bolsas de cemento, 350 bolsas de cal, 340 mts. lineales de caños de gas, 130 codos y 101 barras de hierro. En “Transportes Andrea”, de Raúl Laneri, se adquirieron 45.000 ladrillos, 41 camiones de arena de 7 m3 cada uno, 41 viajes de tierra, 39 viajes de camión de retiro de escombros y 101 camionadas de relleno.

 No hace falta ser arquitecto para corroborar que los materiales y servicios -todos debidamente pagados- no condicen, en absoluto, con los requerimientos de las obras ejecutadas en el Paseo de los Artesanos. Ni se levantaron paredes que justifiquen los 45.000 ladrillos y las 830 bolsas de cemento, ni plateas que insuman 101 barras de hierro. Asimismo, es curioso que se haya contratado el retiro de escombros -39 viajes de camión- cuando, a su vez, se compraron escombros para relleno -101 camiones-.

• No existía documentación ni remitos de las derivaciones o traslados supuestamente efectuados.

 2- Los comprobantes de adquisiciones y pagos por compras o servicios no reunían los requisitos mínimos exigidos por las leyes, constituyendo un claro perjuicio contra el ordenamiento patrimonial de los dineros públicos.
• Recepción de facturas de proveedores adulteradas; pagos contra facturas cuyo detalle fue confeccionado con escritura y tinta diferentes; pagos contra facturas adulteradas que, a su vez, no se corresponden con la Orden de Pago librada.
• Facturas emitidas en el año 94 utilizadas para justificar pagos contra el presupuesto del Plan Cultural del 95.
• Pagos efectuados a terceros contra recibos realizados con formularios de la Provincia.
• Ausencia de la totalidad de los remitos de entrega de materiales en los correspondientes expedientes de compra.
• Facturas cuya numeración no se correspondía con los números de emisión del talonario y facturas donde los números de talonario directamente no existían.
• Facturas que no guardan correlatividad con respecto a las fechas de emisión. Por ejemplo, el proveedor “Washington Gutiérrez - Soldaduras” emitió la Factura Nro. 42 con fecha 24/07/95 pero ésta ingresó a la Subsecretaría para su pago tres días antes, el 21/07/95. Como variante, se observó la recepción de la Factura Nro. 46 con fecha 25/09/95 y con posterioridad, el 19/10/95, una factura anterior, la Nro. 44.
 Aún cuando corresponden a hechos de otro orden, permítanme agregar algunos interrogantes planteados en operaciones realizadas con el mismo proveedor. En dos días consecutivos se le abonaron dos facturas, a razón de 2.000 pesos cada una, por trabajos idénticos en cuanto a cantidad y calidad. En otras facturas del mismo proveedor se ha advertido, paradójicamente, distinto precio para trabajos iguales. En algunos casos se ha pagado la hora de soldadura a 10 pesos y en otros, a 15 pesos la hora.
• Adulteración de la liquidación de varias Órdenes de Pago. Veamos un ejemplo: en una Orden de Pago la suma total en números ascendía a 725 pesos, en letras a 1.725 pesos y un total real, según la suma de los parciales, de 5.725 pesos. O sea, entre la inscripción numérica y el total hay una diferencia de 5.000 pesos.

 3- Destino incierto de fondos públicos.
• El Sr. Raúl Laneri, titular de la empresa “Trans- portes Andrea”, según Nota Nº 1355, reclamó dos facturas por él ingresadas a la Subsecretaría por un monto total de 4.764 pesos. Las mismas habrían sido abonadas, pero no justamente al titular sino a terceros.
 Las facturas efectivamente ingresaron en la repartición. Con posterioridad, desaparecieron miste- riosamente. 

 4- Violando lo dispuesto por el Decreto Nº 140/95 y por el Reglamento de Contrataciones en su art. 1º, inc. d) de la Ley de Contabilidad, no se han adjuntado a los expedientes los presupuestos que demuestren la conveniencia fiscal de los valores pactados para las contrataciones realizadas por más de 2.000 pesos. 
• Sólo dentro del período 95, se ha corroborado el pago de 15 facturas por montos superiores a los 2.000 pesos, jamás cotejados con otros presupuestos. 
 
 Estos son sólo algunos ejemplos de la ‘modalidad administrativa’ instaurada en la Subsecretaría, cuyo perjuicio al patrimonio del Fisco corresponde a la Justicia evaluar.


- Contrataciones de personal.

 En forma recurrente, la Subsecretaría efectuó contrataciones tan particularmente anormales que denotan o un severo grado de ingenuidad o una irreverente naturalidad para accionar de modo irregular al amparo de la impunidad por entonces vigente.
 

 1- Contrataciones por Asistencia Técnica:
• Personas con cargos en la Administración figuraban simultáneamente contratadas para Asistencias Técnicas. Entre ellas, se efectuaron pagos por Asistencia Técnica a Fabiana Torres y Dante Oses, administrativas de la Subsecretaría, también contra recibos adulterados y que no reúnen las condiciones mínimas de emisión.
• No constaba en los expedientes cumplimiento alguno de requisitos o pruebas de idoneidad que habilitasen a dichas personas para desempeñarse en funciones de Asistencia Técnica.
• Dichas mismas personas, a su vez, fueron re-contratadas para desempeñarse al frente de varias actividades técnicas distintas.
• La ausencia de antecedentes técnicos referida era extensiva a la totalidad de los contratados.
• No obraban certificaciones de los Intendentes o titulares de los Organismos que demostrasen la realización efectiva de servicios de Asistencia Técnica por parte de los contratados en los lugares designados.


 2- En varios casos, los pagos a distintas personas contratadas para diversas Asistencias Técnicas fueron abonados con un solo y único cheque.
• Tal es el caso del cheque nro. 331.361 que sirviera de pago múltiple para la liquidación de los servicios prestados por nueve contratados. En contraposición, los demás pagos obrantes en el mismo expediente (2153-6781) acreditaban recibos con su correspondiente número de cheque individual.

 3- Contrataciones en negro.
• Se realizaron contrataciones en negro que violan las normas de derecho laboral y el art. 58 inc. d), último párrafo del Reglamento de Contrataciones de la Provincia, el cual prohibe las contrataciones de carácter personal y continuadas.


- Irregularidades varias.

• Adulteración del Libro Banco. Además del ilícito en sí mismo, comportaba relevancia por advertirse pagos correspondientes al Plan Cultural.
• Existencia de varios documentos imputados a la misma persona pero que presentaban firmas distintas, lo cual lleva a inferir la falsificación de las mismas.
• En relación a las Comisiones de Servicios, falta en la mayoría de los casos la firma del agente en la Planilla “A”, donde debe constatar el recibo del dinero. No obstante, obran recibos con la suma del correspondiente pago pero con firmas sin aclarar. Siendo innecesarios estos recibos, lo actuado induce a sostener que las comisiones en cuestión nunca se realizaron. Asimismo, se desconoce quién cobró y si las firmas corresponden realmente a los agentes. En particular y a título de ejemplo, tres contratados, Estela Cúneo, Luz Font y Darío Riffos, manifestaron no haber recibido los fondos que figuran en los expedientes.
• Gastos en el “Lavadero San José” no debidamente justificados. En algunos casos no se sabe qué vehículos fueron lavados y en otro, simplemente se prestó el servicio a un vehículo ajeno a la Administración.


- Rendición de Cuenta del Plan Cultural.

 Además de lo expuesto, la Sra. Subsecretaria Hilda López y el Sr. Director de Administración Darío Oscar Encina, siendo responsables del Fondo Permanente del Programa “Plan Cultural Provincial” para 1.995, no cumplimentaron la Rendición de Cuenta del Plan, según lo impone el art. 58 inc. c) del Reglamento de Contrataciones. Esto es, presentar la Rendición antes del 31 de enero de 1.996.


- Desaparición del expediente cabecera.

 Según la constancia del Contador General de la Provincia, ante el requerimiento del Contador Sabio, el Expediente madre o cabecera Nro. 2153-033/95 no pudo ser localizado. Sin embargo, y a pesar de la manifiesta voluntad de ocultamiento del manejo de los fondos públicos, cometieron la imprudencia de dejar un rastro importante: en el Libro de Mesas de Entradas de la Subsecretaría de Cultura quedó registrado, con fecha 10/12/95, la salida de dicho Expediente madre Nro. 2153-033/95. El retiro fue efectuado por el propio Director de Administración, Sr. D. O. Encina, quien lo entregó, en mano, al Sr. Mario Churrarín.

 Todos estos hechos denunciados oportunamente, comisionan los siguientes delitos:
a) incumplimiento de las obligaciones de funcionario público, previsto en el art. 248 del Código Penal;
b) omisión de los actos que hacen a la función, previsto por el art. 292 del Código Penal;
c) sustracción de Instrumento Público, previsto por el art. 255 del Código Penal.


 A las 24 horas de presentada la denuncia se dio vista y dispuso el allanamiento. El 13 de febrero de 1.996, junto al Juez, el Fiscal y el grupo de “intocables”, rescatamos cerca de 800 expedientes de los viejos vagones de ferrocarril, para los cuales hubo que aprestar varios vehículos del Poder Judicial. Además del secuestro de la documentación, se solicitaron varias diligencias vinculantes a la DGI y DGR de la Provincia. Seguidamente comenzaron las indagatorias.


 La causa, Expte. Nº 24031, Fº 303, Año 1.996, se instruye en el Juzgado Nº 4 de Neuquén, a cargo del Juez Dr. Velasco Copello, Secretaría Subrogante Dr. Jesús Alonso Parra.

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Si desea leer el texto íntegro de este ensayo, puede solicitarlo escribiendo a su autor:
Gustavo Vaca Narvaja

e.mail: gusvn@hotmail.com

 

 

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